El 'teflón' electoral: la impunidad moral de la corrupción

La percepción de la situación social comienza a ser algo más que una anomalía electoral, para convertirse en un síntoma profundo de deterioro cívico. Se suceden los escándalos, las investigaciones judiciales, las comisiones parlamentarias y las portadas sobre corrupción política; sin embargo, llega el momento de las urnas y el castigo electoral apenas aparece, o en ocasiones, ni siquiera eso.

Las recientes elecciones andaluzas de 2026 han vuelto a poner sobre la mesa esta paradoja inquietante. El PSOE no solo no perdió votos absolutos respecto a 2022, sino que aumentó en torno a 60.000 sufragios: pasó de 888.325 votos a 947.713. Es decir, mientras retrocedía en escaños, el porcentaje crecía en voto emitido, aunque bien es cierto que el censo aumentó. Esa es precisamente la clave moral y política del asunto: la corrupción, el desgaste y la sospecha no redujeron su apoyo electoral bruto, sino que convivieron con un incremento real de papeletas socialistas.

Es cierto que el resultado fue considerado malo en términos parlamentarios: perdió dos escaños, descendió porcentualmente y obtuvo el peor resultado histórico del socialismo andaluz en representación. La explicación técnica es conocida: mayor participación, fragmentación del voto de izquierdas y reparto provincial de escaños. Pero esa explicación matemática no resuelve la cuestión esencial. La verdadera pregunta es otra: ¿qué ocurre en una sociedad cuando la corrupción deja prácticamente de tener consecuencias morales en las urnas? Porque toda democracia sana necesita conservar una frontera ética mínima. El voto no es únicamente una preferencia ideológica o económica; también constituye un juicio moral sobre quienes aspiran a gobernar. El ciudadano no solo elige programas o siglas: otorga legitimidad. Y cuando una parte importante del electorado termina relativizando conductas que, fuera de la política, consideraría intolerables, comienza lentamente un proceso de degradación colectiva. No desaparecen las elecciones, ni las instituciones, ni siquiera las leyes. Lo que se erosiona es algo más delicado: la conciencia cívica.

Alexis de Tocqueville advirtió en el siglo XIX que las democracias podían acostumbrarse progresivamente a rebajar sus exigencias morales cuando el interés inmediato sustituía al sentido del deber público. Y algo parecido parece ocurrir hoy en buena parte de Occidente. El voto moderno ha dejado en muchos casos de ser un examen de gestión para convertirse en un acto de identidad tribal. El elector ya no evalúa aisladamente la gravedad de la corrupción de «los suyos»; la compara con lo que considera el «mal mayor». Para amplios sectores de la izquierda, impedir la llegada de la derecha o de la llamada extrema derecha justifica minimizar o relativizar los escándalos propios. El miedo al adversario termina actuando como el más eficaz pegamento electoral. A ello se añade un fenómeno todavía más corrosivo: el cinismo político generalizado. Cuando durante décadas la corrupción ha salpicado de un modo u otro a distintas fuerzas políticas, muchos ciudadanos acaban asumiendo resignadamente que «todos roban». En ese momento desaparece el incentivo moral para castigar electoralmente a nadie. Si todos son percibidos como igualmente corruptos, el voto se decide entonces únicamente por intereses materiales, ayudas públicas, pensiones, salarios o afinidades ideológicas. Es una lógica profundamente peligrosa para cualquier democracia. Porque la corrupción deja de verse como una enfermedad del sistema para convertirse en una especie de peaje inevitable del poder.

Cicerón escribió que «la corrupción de la República comienza cuando las leyes pierden su fuerza moral». Y esa fuerza moral no depende solo de jueces o fiscales. Depende sobre todo de los ciudadanos y de su capacidad para exigir ejemplaridad a quienes gobiernan. Andalucía ofrece además un caso particularmente revelador. Durante décadas, el socialismo andaluz no fue únicamente un partido político; llegó a convertirse en una estructura cultural, administrativa y emocional profundamente arraigada en numerosos territorios. En muchas zonas rurales y generaciones enteras, votar PSOE dejó hace tiempo de ser una decisión coyuntural para transformarse en una identidad heredada. Ese arraigo explica parte de su resistencia. Pero precisamente por ello la exigencia ética debería ser todavía mayor. Porque cuanto más tiempo permanece una organización en el poder, mayor es el riesgo de confundir partido y administración, interés público y estructura clientelar.

Resulta significativo, además, que buena parte del discurso defensivo ante los escándalos ya no consista en negar los hechos, sino en reinterpretarlos. En una sociedad hiperpolarizada y mediáticamente fragmentada, muchos votantes consumen únicamente información afín a sus prejuicios ideológicos. Así, lo que para unos constituye una trama corrupta intolerable, para otros aparece presentado como una operación de acoso político, judicial o mediático contra un gobierno legítimo. El elector ya no percibe corrupción: percibe un ataque contra su bloque ideológico. Y ahí aparece el verdadero «teflón electoral». No es simple ignorancia ni amnesia. Es la consecuencia de una política donde la identidad pesa más que la ejemplaridad, donde el miedo al adversario neutraliza el castigo moral y donde la corrupción termina diluyéndose entre consignas, trincheras y relatos partidistas.

Pero quizá lo más preocupante no sea el comportamiento de los partidos, sino la resignación progresiva de la sociedad ante ello. Porque una democracia puede sobrevivir a muchos errores económicos, a gobiernos mediocres o incluso a profundas crisis políticas. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que el ciudadano deje de considerar la corrupción como algo moralmente inaceptable. Cuando eso ocurre, el problema ya no pertenece solo a los partidos. Pertenece a toda la sociedad.

El futuro partido en el gobierno deberá asumir la higiene democrática como principal objetivo, aunque ello supusiera la derogación de muchas leyes.