Zonas de confort

«¿Burócrata yo?, ¡eso no me lo repite usted duplicado y compulsado!», le recriminaba aquel funcionario a unos administrados cabreados en una aguda viñeta de Forges. Al igual que en Psicología, existen también zonas de confort bastante extendidas tras los mostradores de lo público, esos sitios en donde, para Reagan, más cerca estaremos de la eternidad en vida. La sensación de seguridad o de comodidad ante lo conocido prevalece con alguna frecuencia en los estados de ánimo de no pocos empleados sostenidos por el presupuesto. Y no necesariamente por tratar de cumplir como Dios manda el cometido confiado, con estricto sometimiento a la ley, sino por elegir aquella alternativa dentro de las posibles que menos quebraderos de cabeza suponga.

Aunque haya excepciones como en cualquier otro colectivo, la aversión a la toma de decisiones que entrañen un mínimo riesgo se impone en determinadas prácticas funcionariales actuales. Nótese que hablo de resolver sobre opciones perfectamente válidas en términos legales o reglamentarios. Siempre cabrá esperar en estos casos la que garantice nula controversia, aun cuando no sea la más pertinente ni deseable. Ejemplo: si se trata de escoger al mejor abogado que represente a un Ayuntamiento, rara vez se seleccionará al que más calidad acredite, prefiriendo contratar al más barato, porque ese aspecto es de apreciación automática. Y luego pasa lo que pasa, que la defensa judicial se resiente y hay que reclamar al maestro armero. Como se puede advertir, ahí suele esconderse el facilón recurso a lo que no creará problemas para el que debe dirimir algo, porque meterse en berenjenales resulta impensable para la moderna burocracia.

Otra variante de esta aciaga tendencia consiste en dejar morir los temas, una parálisis que se da a pesar de la existencia de numeroso personal en las oficinas públicas. En ellas, o todos se miran y nadie decide, o todos se fiscalizan entre sí para igual propósito entorpecedor. Aunque sostengan que lo hacen para no cometer errores, en el fondo late esa búsqueda de la zona de confort que impide abordar los asuntos de forma proactiva, como haría cualquier empresa privada o ciudadano en su quehacer diario.

En el ámbito de la enseñanza, suspender a quien no ha superado un examen constituye asimismo el inmediato abandono de la zona de confort para el justiciero docente. Por eso se ha generalizado la llamada «tasa de éxito» en el rendimiento académico, esa ocurrencia sacada de la manga por los lumbreras de la gestión educativa para medir lo bien que le va a un alumno en un centro. Como catear, aparte de ir contra esa tasa y no ser propio de profesor enrollado, lleva aparejado un sinfín de revisiones y reclamaciones a disposición del alumno, el resultado final es el sobresaliente ubi et orbi que les garantice la gloria, en forma de graduaciones que parecen la ceremonia de entrega de los Óscar de Hollywood.

Y no vayan a pensar que esto solo sucede aquí. Me contó no hace mucho un compañero norteamericano que no tuvo más remedio que aprobar a quien había obtenido un cero patatero en una prueba, pero al que el sistema le otorgaba puntos por cada condición que acreditara tener, tanto desde el punto de vista racial, como de renta, lugar de residencia, salud u orientación sexual.

Como estas zonas de confort han proliferado, sería descabellado ensayar un catálogo, aunque fuera aproximado. Lo que está claro es que provocan un severo atraso en cualquier nación, en especial cuando afectan al tejido productivo. Me refiero a autorizaciones administrativas en infinidad de sectores, lastradas por esa odiosa inercia funcionarial potenciada por unas normas que a veces parecen diseñadas por el enemigo. Mientras cuestiones importantes descansan en estas zonas de confort, pasan por delante los trenes del progreso sin detenerse en nuestras estaciones, haciéndolo en cambio en aquellas de fuera que tienen las cosas más claras y saben lo que cuesta obtenerlas.

Solo lograremos acabar con esas dichosas zonas cuando incluyamos en la evaluación del desempeño de este personal elementos que permitan calibrar con objetividad su tarea desde la vertiente de los intereses públicos que gestionan, nunca de los suyos particulares para vivir divinamente, sin mayores preocupaciones. Y también requerirá acreditar unos mínimos de integridad, por supuesto.