La república que no pudo ser

En 1935 España tuvo unos gobiernos de centro-derecha que gozaban de una sustancial mayoría parlamentaria, elegida hasta Noviembre de 1937, y que iniciaron importantes proyectos políticos (reforma de la Constitución y de la ley electoral), económicos y sociales que hubieran permitido corregir algunos errores del bienio anterior, promover el empleo e impulsar la economía.

La reforma de la ley electoral era uno de los compromisos de la coalición de centro-derecha, para evitar las grandes oscilaciones en las mayorías parlamentarias que producía la legislación vigente. La mayoría que apoyaba al Gobierno estaba dividida: radicales y agrarios eran partidarios del sistema mayoritario, mientras parte de la CEDA y la Lliga apoyaban la representación proporcional, al tiempo que la izquierda estaba ausente de los debates. Sólo Diego Martínez Barrio, dentro del centro-izquierda, fue partidario de la reforma electoral, mientras los dirigentes del PSOE y de Izquierda Republicana se negaron a participar en las ponencias parlamentarias. El 20 de Julio de 1935 se publicó el Dictamen de la Comisión de Presidencia del Congreso sobre el proyecto de ley de reforma electoral. El proyecto preveía dividir las 12 circunscripciones de más de 10 escaños en otras nuevas que eligiesen de 5 a 10 diputados. También se introducía la representación proporcional en todas las circunscripciones con 5 o más escaños, manteniéndose el sistema mayoritario con voto restringido para las 12 circunscripciones con menos de 5 diputados.

El sistema propuesto hubiera permitido una representación más equitativa de los sufragios emitidos, limitando los grandes bandazos ideológicos que se habían producido en los Gobiernos tras las anteriores elecciones de la Segunda República. Con la reforma prevista los resultados de las elecciones de Febrero de 1936 en las circunscripciones de Madrid capital y Madrid provincia hubieran sido muy diferentes: 15 escaños para el Frente Popular y 10 para las derechas, una representación más equitativa de los votos emitidos que los 19 y 6 escaños que, respectivamente, obtuvieron en Febrero de 1936. En el conjunto de España, el nuevo sistema electoral hubiera dado lugar a un parlamento más equilibrado y menos susceptible de excesos ideológicos, lo que hubiera tenido efectos positivos en la situación económica y social de nuestro país.

La crisis política de Diciembre de 1935 y la disolución de las Cortes el 8 de Enero de 1936 impidieron la culminación del trámite parlamentario de la reforma electoral y las elecciones de Febrero de 1936 se celebraron con la normativa de 1933.

En relación a la reforma de la Constitución de 1931, una Comisión especial creada en el Congreso se reunió once veces hasta el 6 de Diciembre de 1935 y, a pesar del boicot a que la sometieron los partidos de la oposición, adoptó acuerdos, de cara a su dictamen, sobre 25 de los 44 artículos que el Gobierno había propuesto reformar. Entre las reformas acordadas estaban la creación de un Senado, la competencia exclusiva del Estado en el Orden Público y la Justicia y que el Presidente de la República tuviera más prerrogativas para disolver el Congreso y menos para interferir en la labor diaria del Gobierno. Se decidió igualmente que no se podría expropiar sin indemnización ni socializar la propiedad, ni siquiera cuando fuere propuesto por una ley aprobada por mayoría absoluta. Se acordó también reformar los artículos 26 y 27, tan debatidos por la cuestión religiosa y la supresión del carácter laico de la enseñanza, con reconocimiento del derecho a la docencia de personas individuales y sociales, reservándose el Estado la inspección. Prácticamente todos los aspectos debatibles para el centro-derecha de la Constitución de 1931 habían sido dictaminados por la Comisión, a falta de los referentes a los Estatutos regionales, al Tribunal de Garantías Constitucionales y a la elección del Presidente de la República. Pero, al igual que la reforma electoral, la de la Constitución quedó detenida tras la disolución del Congreso en Enero de 1936.

Estas reformas políticas – junto con los importantes proyectos económicos y sociales para combatir el paro, impulsar la economía y racionalizar la política fiscal de los Ministros Salmón, Lucia y Chapaprieta – hubieran dado mayor estabilidad a la República, en un momento en que España podía considerar superada la crisis económica, habiendo recuperado el nivel del PIB de 1929.

Y, sin embargo, el sectarismo ideológico, el egoísmo social, las mezquinas diferencias internas en el centro y la derecha españoles y la irresponsabilidad de algunos dirigentes acabaron provocando la crisis de Gobierno de diciembre de 1935. España entró en una espiral de radicalización y enfrentamientos políticos y sociales que culminaría en la gran tragedia de la Guerra Civil.