tribuna Pieter Cleppe

La politización de los tribunales

Permitir que los jueces decidan caso por caso hasta qué punto los demandantes deben ser transparentes, especialmente en un caso contencioso en el que la seguridad nacional podría estar en peligro, podría ser un mejor camino a seguir

Lejos quedan los días en que la política se limitaba a los parlamentos. Aparte de unos medios de comunicación cada vez más politizados y polarizados, los tribunales se están convirtiendo cada vez más en un escenario político, y la financiación de litigios por terceros es especialmente preocupante. Tanto en Europa como en EE.UU. ha aumentado el escrutinio de la financiación de litigios por terceros.

Se trata de un fenómeno en el que los demandantes en casos judiciales ya no financian sus propios casos. En su lugar, son financiados por empresas de inversión, que básicamente lo ven como una inversión atractiva, aunque insegura. Recientemente, multimillonarios rusos cercanos al Presidente Vladimir Putin han estado ingresando dinero en secreto en los tribunales estadounidenses a través de la financiación de litigios de terceros en un intento de impugnar las sanciones a las que han sido sometidos.

En otro ejemplo, una empresa con sede en China ha estado financiando clandestinamente demandas de propiedad intelectual contra Samsung, utilizando una empresa tecnológica de Florida como tapadera, para alegar que el gigante surcoreano utilizó su propiedad intelectual en sus populares productos de audio.

La esencia del problema aquí es que los financiadores «a menudo manipulan los litigios civiles para sus propios fines», según una carta enviada en octubre por las grandes farmacéuticas Bayer y Johnson & Johnson a los responsables de una comisión del Congreso estadounidense.

En cualquier caso, el Presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, y el Senador John Kennedy, ya han emprendido acciones legales, habiendo presentado una propuesta legislativa que regularía la capacidad de las entidades extranjeras para financiar litigios.

También en Europa se están tomando medidas legales. El verano pasado, el Parlamento Europeo recomendó a la Comisión Europea que propusiera una Directiva sobre la regulación de la financiación por terceros en la UE, denominada acertadamente «Financiación responsable de los litigios», con el objetivo de regular la financiación por terceros de los procedimientos judiciales en la UE. De adoptarse, crearía, entre otras cosas, una norma mínima para los financiadores terceros en la UE y establecería una autoridad de supervisión que concedería permisos a los financiadores y vigilaría sus actividades.

La directiva fue espoleada por una serie de reclamaciones cuestionables que han experimentado un repunte en los últimos años. Por lo general, sin ningún fundamento, el objetivo de estas reclamaciones es perturbar y obstruir el sistema y provocar el caos, sin que los beneficios sean más que una búsqueda secundaria.

Sin embargo, a veces, un caso así puede acabar perjudicando también al PIB de todo un país. Un ejemplo destacado en Europa de financiación de litigios es un caso llevado por un árbitro privado español, Gonzalo Stampa, que condenó a Malasia a pagar un laudo arbitral de 13.700 millones de euros -el uno por ciento del PIB del país- a un grupo de personas que decían ser herederos del último sultán de Sulu, territorio que ahora pertenece a Malasia. Las demandas judiciales de los herederos del sultán habían sido financiadas –al parecer, en su totalidad– por una empresa de financiación de litigios y arbitrajes a escala mundial, la londinense Therium.

Tras los recursos presentados por el Gobierno malasio alegando que no se había seguido el procedimiento requerido, el Tribunal Supremo español dictaminó en junio de 2021 apartar a Stampa del caso, accediendo así a la petición de desestimación del Gobierno malasio. Aunque se ordenó varias veces a Stampa que pusiera fin al arbitraje, el árbitro hizo caso omiso de esas órdenes e incluso cambió la sede del arbitraje de Madrid a París, donde emitió su laudo final. Más tarde, una apelación en Francia anuló la decisión y, sorprendentemente, Stampa fue declarado culpable de desacato al tribunal por no cumplir una sentencia anterior que le ordenaba abandonar la compleja batalla legal.

Imponer la obligación de revelar quién financia un caso judicial puede disuadir a los inversores externos y suponer «un menor acceso a la financiación jurídica», pero eso no ha impedido que se hayan iniciado acciones legales tanto en Europa como en EE.UU. relacionadas con la práctica de la financiación de litigios por terceros. Si nos fijamos en todo el abanico de burocracia adicional que el Parlamento Europeo tiene en mente, quizá sea importante hacer una pausa.

Permitir que los jueces decidan caso por caso hasta qué punto los demandantes deben ser transparentes, especialmente en un caso contencioso en el que la seguridad nacional podría estar en peligro, podría ser un mejor camino a seguir.