tribuna césar utrera-molina gómez

Un Estado al servicio de la ideología y sus activistas: crónica de una muerte anunciada

Que el Estado y la administración sean neutrales ideológicamente es una necesidad existencial para la supervivencia de todo Estado de derecho. Más aún, este principio es un pilar de la paz social

Resulta difícil negar el proceso de degradación democrática que está viviendo España. Sin duda, hay una pluralidad de causas. Una de ellas es la indiscutible pérdida de la neutralidad exigible a la administración, principio constitucional de nuestro ordenamiento.

Como ejemplos incontestables de este fenómeno. La televisión pública, TVE, dejó de ser un referente informativo para la audiencia por la docilidad indisimulada ante el poder del Gobierno de turno. Ha sido un proceso largo e ininterrumpido de degradación. TV3, directamente está al servicio de la destrucción del ordenamiento jurídico español promoviendo sin rubor alguno el odio a España y la desobediencia a las leyes. El CIS se convierte en un instrumento de partido, dirigido por alguien que salió directamente de la ejecutiva del PSOE. La tercera autoridad en España, la presidente de la Cortes, Sra. Batet, acumula durante esta legislatura actuaciones cercanas o directamente constitutivas de prevaricación.

Ayuntamientos, como el de Castellón dirigidos por PSOE se autoconfieren la facultad de educar a los niños proporcionando materiales a los colegios que no sólo están fuera del currículum escolar sino que directamente constituyen material cuasipornográfico producido en los talleres de los activistas de la ideología de género. La justicia ordinaria paralizó inicialmente la entrega de dicho material y luego, la convalidó. La Comunidad de Madrid gobernada por PP y Ciudadanos multó con 20.001 euros a la coach Elena Lorenzo por la denuncia de un colectivo LGTB y de unos funcionarios de la propia Comunidad de Madrid, por impartir supuestamente «terapias de aversión». La justicia anuló la multa (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 13 de julio de 2021) por el fraude de ley cometido por la administración madrileña en la tramitación de esta multa. Muchos hombres son detenidos preventivamente con una sola denuncia por maltrato en el curso de procesos de separación o divorcio matrimonial. Detenciones que luego no van seguidas de una condena penal, pero el sistema ampara esta desigualdad de trato hacia los hombres, pues a las mujeres no se las detiene preventivamente si hay una denuncia cruzada.

Todos los ejemplos anteriores tienen en común la utilización, cuando no el uso sectario de la administración bajo la perspectiva ideológica de turno: bien la del socialismo que gobierna, bien la de la ideología de género. Ideología promovida por el PSOE, que Ciudadanos y el PP asumen acríticamente constituyendo el germen de la degradación institucional que luego denuncian.

Que el Estado y la administración sean neutrales ideológicamente es una necesidad existencial para la supervivencia de todo Estado de derecho. Más aún, este principio es un pilar de la paz social. Su erosión progresiva precipita a un caos que nadie quiere. Si los ciudadanos empiezan a percibir que los poderes públicos no son neutrales, la demolición del sistema se acerca peligrosamente. Se pierde la confianza primero, se deja de obedecer después. La polarización iniciada por este desequilibrio no será fácil de paliar. ¿Hay esperanza aún? Claro que sí, invertir esta tendencia, pasa, primero, por denunciar en todos los ámbitos este fenómeno y, segundo, exigir con medios legales que la ley y la administración actúen libres de filtros ideológicos que conducen siempre a la arbitrariedad y la injusticia, antesala de la tiranía.