15 de agosto de 2022

tribunaMaría Crespo

Informe del Banco de España

El Informe Anual del Banco de España presenta un futuro de la economía española incierto, en el que las reformas estructurales no pueden esperar

El Banco de España es una de las pocas instituciones independientes en el actual arco público español. Y, muy a pesar del Gobierno de Sánchez, publica informes de coyuntura económica con luces y sombras, en aplicación de las competencias que le confiere el artículo 7.4 f) de la Ley de Autonomía de la entidad financiera.
El informe advierte de los evidentes cuellos de botella que se aprecian en el sector turístico, –que tanto ha contribuido a la recuperación del PIB–. Y en este caso, la guerra contra Ucrania no será la excusa para justificar los malos datos macroeconómicos, a tenor de los reducidos flujos bilaterales entre ambos países.
El lento y desigual ritmo de creación de empleo, la espiral inflacionista, la subida de costes de los inputs y el endurecimiento de las condiciones financieras siembran notables dudas sobre la recuperación económica.
Como no puede ser de otro modo, las proyecciones económicas se corrigen. Y mientras el informe del mes de abril del Banco de España situaba el crecimiento del PIB en un 4,5 por ciento y el promedio anual de inflación en el 7,5 por ciento, otros gabinetes como BBVA research revisa a la baja la creación de riqueza, cifrándola en el 4,1 por ciento para 2022 y 3,3 por ciento en 2023.
Especial preocupación debería mostrar el Ejecutivo por el elevado desequilibrio del presupuesto del Sector Público. Aunque se haya reducido el déficit gracias a la lógica contención del gasto público, una vez superados los peores momentos de la pandemia.
Con un crecimiento económico frenado, una inflación descontrolada y unas expectativas empresariales muy mermadas, el escenario de recaudación impositiva no parece ser la solución.
Además, del análisis de las Cuentas Públicas se deduce que el gasto en educación e inversión pública –imprescindibles para reducir la desigualdad– tienen un peso menor que en el resto de la Unión Europea. Frente a lo que cualquier contribuyente se pregunta (en plena campaña de Renta), ¿en qué gasta el Gobierno los impuestos que detrae con tanto énfasis?
De hecho, entre las recomendaciones el Banco de España se sugiere la necesidad de hacer una revisión integral del sistema tributario español, de manera que se valore si las distintas figuras impositivas alcanzan sus objetivos de la forma más eficaz posible. Como es obvio, se recomienda una recomposición de la cesta tributaria, replanteando la efectividad del gasto fiscal asociado a los beneficios establecidos en la tributación sobre el consumo. En una clarísima alusión a la ineficacia de las recientes medidas adoptadas sobre la tributación de hidrocarburos.
Las recomendaciones fiscales deberían ser de inmediata aplicación. En concreto, el Informe urge a reducir la complejidad del marco fiscal vigente, sugiere una mejora del cumplimiento, insta a que la política fiscal sirva como instrumento de fomento de un comportamiento anticíclico de la política económica, y propone una adecuación de las nuevas necesidades de inversión vinculadas a las transiciones verde y digital.
El sistema de pensiones no queda al margen de las recomendaciones de política de rentas, pues el envejecimiento de la población constituye una amenaza a la viabilidad de su financiación. La entidad sugiere el establecimiento de unos canales –públicos y privados– en los que se compartan los riesgos, de manera que se cree un sistema de seguro de desempleo europeo y se establezca un índice de capacidad fiscal central. Se urge a terminar de manera ágil con la unión bancaria y se alienta a la unidad de los mercados de capitales
En definitiva, el Informe Anual del Banco de España presenta un futuro de la economía española incierto, en el que las reformas estructurales no pueden esperar. Una de las principales amenazas es la debilidad del sistema fiscal, por lo que es urgente su remodelación dirigida a una mayor eficiencia en la gestión del gasto público.
  • María Crespo es profesora titular de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares
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