Sin niños, sin obreros, sin mineros, sin soldados… sin nadie
España es el segundo país de la UE con menor tasa de fertilidad; es decir, que hay cada vez menos niños, a cambio de más perros y gatos disfrazados de bebés, con sus propias playas, hoteles, restaurantes y parques. En 2023 nacieron en España solamente 320.656 niños, cuando en 1976 lo hicieron más del doble y con una población de 36 millones de personas, frente a los 47 millones hoy. Con ello se abre una situación inédita en la historia, un suicido generacional voluntario, que abre multitud de interrogantes, entre ellos, quién va a cuidar de nuestros millones de mayores a medida que el grueso de la peonza poblacional vaya llegando a la edad de jubilación. Si ahora ya lo están pasado mal en soledad indeseada, con la brecha digital y con falta de atención, lo que se nos viene encima es una hecatombe inusitada a la que nadie parece importar, mientras nos perdemos entre telebasura, influencers y tiktoks.
Mientras tanto, llevamos 50 años de democracia «de rentas»: la defensa nos la aseguraba EE.UU. y los recursos energéticos, Rusia. Y nos hemos podido ir perdiendo entre wokismos, buenismos y otras prodigalidades durante todo este tiempo. Ahora, a ambos se les ha agotado la paciencia y, de repente, desde la burócrata Bruselas parece ahora que lo del medio ambiente y el pacifismo ya no son tan necesarios, y hay que reabrir minas e invertir en ejército como si no hubiese un mañana. Pero ¿qué ha sido de nuestra minería? ¿y de nuestros soldados?
Salvo en la explotación del cobre, la minería en España ha ido perdiendo protagonismo en las últimas décadas. La minería metálica, que es la que se encarga de la extracción de los famosos minerales raros que ahora están tan de moda, cuenta con sólo diez explotaciones en España de dimensiones modestas. Desde los años 90 a la actualidad, los trabajadores de la minería se han reducido a la mitad, situándose hoy alrededor de las 25.000 personas (CNAE), con una media de edad de 45 años (mientras en 2013 era de 41). Mientras tanto, la UE depende un 100 por cien del suministro exterior de litio, del 81 por ciento del cobalto, 96 por ciento de manganeso y 75 por ciento de níquel. Y, en la mayoría de los casos, su único proveedor es China. Además, la escasez no está sólo en la mano de obra, sino también en los técnicos cualificados, pues no hay suficientes ingenieros de minas ni en nuestro país (donde las plazas para cubrir esta ingeniería no se cubren), ni en Alemania, Noruega o Suecia.
Dado el contexto geopolítico actual, Von der Leyen llamó hace unos días al rearme europeo (un nuevo «objetivo 2030»). Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que las guerras se hacen con gente; preferentemente, gente joven. Muy joven. Y la guerra moderna entre estados industrializados ya se ha visto que requiere de muchos recursos humanos: en Ucrania, las bajas entre ambos bandos se estiman entre unos 170.000 y medio millón, entre militares y civiles, según el Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Los ejércitos modernos, como el español, se nutren de voluntarios porque las políticas pacifistas de hace 35 años han llevado a la eliminación del servicio militar obligatorio en muchas naciones. En España, las Fuerzas Armadas están viendo su potencial humano reducido año tras año. Aunque es complicado proporcionar cifras exactas: mientras que, en 2010, España tenía unos 130.000 militares en servicio activo en sus Fuerzas Armadas, en 2023 los efectivos eran de unos 116.000 entre todas las armas y cuerpos y entre militares de carrera y tropa en el servicio activo. Solo para que España alcance la media europea se necesitarían contar con unos 60.000 militares más. Pero lo más grave se da en la categoría de la tropa, es decir los soldados y marineros, que son los que combaten efectivamente en el frente. Según la Estadística de personal militar de las Fuerzas Armadas de 2023, en el Ejército de Tierra hay poco más de 20.000 soldados; en cambio, hay unos 53.000 militares de carrera (oficiales y suboficiales). Sin soldados no hay defensa posible. Podemos tener el submarino más eficiente y el tanque más acorazado. Si no hay gente que los lleve, no hay nada que hacer.
Mientras tanto, desde el Gobierno y desde algunas CC.AA. las promesas sobre la construcción de varios miles de viviendas sociales siguen repitiéndose como un mantra en los medios como solución mágica a todos los problemas habitacionales. Imaginemos que se superan todas las barreras políticas, burocráticas, económicas y financieras y hay promotores dispuestos a hacerlas. ¿Quién las va a construir? La crisis financiera mundial de 2007 indujo a muchos políticos y a activistas a demonizar al sector de la construcción, cuando realmente fue un problema financiero internacional iniciado en Estados Unidos, como se explica en el libro Los años de la crisis de la vivienda. Así, según el INE, mientras en 2018 el 13 por ciento de la población activa se dedicaba a la construcción, hoy lo hace solo el 6,5 por ciento, siendo la media de edad de los albañiles de 48 años, muy por encima de la media de edad del resto de la economía. Más del 55 por ciento del total de empleados en la construcción tienen más de 45 años, el doble que en 2007. En 2023, atendiendo a Randstad, entre el 50 y el 60 por ciento de las ofertas de empleo de soldadores o fresadores torneros quedaron vacantes. La Confederación Nacional de la Construcción estima en 2025 que faltan más de 700.000 trabajadores en el sector, lo que imposibilita la consecución de las políticas de vivienda que se pretenden. Eso sí, abundan los «creadores de contenidos» para los incontables canales de Youtube o Instagram.
Ya ven. Sin niños no hay ni autonomía económica, ni seguridad frente a agresiones externas ni viviendas; o sea, no hay futuro. Pero vaya, siempre nos quedará Bill Gates, el de la «pantalla azul de la muerte» de Windows, el del Microsoft del desesperante Authenticator y el de la carne artificial, quien asegura que en 10 años los humanos no seremos necesarios para la mayoría de cosas. Un nuevo ataque a nuestro valor y especial naturaleza, a lo Freud o Marx.
Sergio Nasarre Aznar es catedrático de Derecho Civil y Jordi De Andrés Cardona es doctor en Historia y coautor del artículo, ambos de la Universitat Rovira i Virgili