Una necesaria vuelta al parlamentarismo

No resulta exagerado afirmar que España atraviesa en la actualidad uno de los momentos de mayor desarraigo político de su historia reciente.

Esta crisis política encuentra una expresión clara en el deterioro del parlamentarismo. No se trata únicamente de una crisis inherente a la institución que encarna la sede de la soberanía nacional bajo la actual presidencia –cuestión que requeriría un análisis de mayor calado–, sino, sobre todo, del progresivo distanciamiento entre la sociedad y las propias Cortes Generales.

Un distanciamiento que se ha visto acentuado en los últimos años con la consolidación de las redes sociales como principales instrumentos de comunicación política. La última encuesta del CIS indica que el 30,4 % de los españoles reconoce que las redes sociales son el factor que más influye en la formación de sus opiniones políticas, un dato que refuerza la percepción de alejamiento y la creciente falta de confianza de la ciudadanía en el parlamento.

Los representantes políticos son plenamente conscientes de esta realidad, lo que explica que buena parte de sus esfuerzos se orienten hoy hacia el uso intensivo de las nuevas tecnologías. En este contexto, la palabra y el debate parlamentario han ido perdiendo centralidad, sustituidos por la búsqueda de breves impactos mediáticos destinados a ser difundidos en redes sociales a través de la mejor imagen o el vídeo más eficaz. De este modo, y superando la célebre formulación de McLuhan, la red social ha pasado a convertirse, en sí misma, en el mensaje.

En consecuencia, en el parlamentarismo actual se ha perdido la esencia del debate, pues, «ya no se interviene pensando en la Cámara, en las tribunas de prensa ni en el Diario de Sesiones», sino que el discurso se dirige hacia las redes sociales, con el objetivo prioritario de generar contenido para alimentar los perfiles oficiales de los representantes políticos y de sus propios partidos.

El discurso oral, la capacidad de improvisación, la viveza dialéctica y, sobre todo, la naturalidad del lenguaje ha quedado progresivamente relegados. En su lugar, se han impuesto intervenciones previamente elaboradas, argumentos prefabricados y mensajes diseñados para el denominado «minuto de oro» de los vídeos que posteriormente circulan por los perfiles oficiales en redes sociales. El fondo del debate ha cedido ante la primacía de la imagen y la estética: ya no se habla para convencer, sino para reafirmar a la propia parroquia; no para persuadir, sino para alimentar una audiencia previamente fidelizada.

En definitiva, el debate parlamentario, tal y como fue concebido, ha sido sustituido por una sucesión de monólogos desde la tribuna, en detrimento del diálogo, la argumentación, y la búsqueda del consenso.

A todo ello se suma el hecho de que las sesiones plenarias se han transformado, en no pocas ocasiones, en auténticos rings verbales, donde predominan la descalificación personal, el insulto y la lógica del «y tú más» frente al uso de la razón y el debate argumentado. Así lo evidencia el denominado 'faltómetro', elaborado por España Mejor, que en el último mes registrado ha contabilizado más de 450 faltas de respeto en sede parlamentaria. A esta situación se suma la ausencia de una aplicación efectiva de la disciplina parlamentaria por parte de la actual Presidencia del Congreso. El orden y la cortesía, principios que deberían regir la actividad parlamentaria, han dejado de presidir la actuación de una parte significativa de los diputados durante los debates. Un parlamento sin disciplina, o en el que la falta de la misma impida el correcto desarrollo de sus funciones, pierde automáticamente credibilidad ante la opinión pública y pone en riesgo la propia finalidad de la institución.

En definitiva, estos factores han provocado un creciente distanciamiento de la ciudadanía respecto de la sede de la soberanía nacional, profundizando una crisis del parlamentarismo que ya no puede considerarse coyuntural, sino estructural.

Lejos quedan ya las palabras del Edmund Burke: «El Parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diferentes y hostiles; (…) sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una nación, con un interés, el de la totalidad; donde, no los propósitos locales, ni los prejuicios locales deben guiar, sino el bien general, resultante de la razón general de la totalidad».

Por todo ello, en este inicio de 2026, resulta imprescindible –como ya advirtió uno de los grandes presidentes del Congreso de los Diputados que ha tenido nuestro país– recuperar la centralidad del debate y retornar a la ética del diálogo. Como entonces afirmó, «el Parlamento ha sido y debe ser razón dialogante y dialogada; o, si se prefiere, construcción dialéctica de la razón política. Y el diálogo solo es posible desde la tolerancia, plenamente compatible con el respeto a las convicciones profundas y libres de cada cual».