Una mujer reza sola en una iglesia durante la pandemia
El Tribunal de Derechos Humanos estudiará la prohibición de ir a la iglesia durante la pandemia
Estrasburgo determinará si fue legal que se impidiera a los ciudadanos ejercer su derecho de culto
Durante la pandemia de la covid, todos los países tuvieron que imponer restricciones que, a la larga, como en España, se ha demostrado que no se hicieron conforme a la legalidad. Dada la gravedad del momento, todos los gobiernos tuvieron que improvisar, por lo que se presuponía que algunas cosas no se llevaron a cabo todo lo bien que deberían. Sin embargo, pasado el tiempo, se deberían haber corregido y no ocurrió así.
Uno de los derechos que se cercenaron durante la crisis del coronavirus fue la libertad religiosa y de culto. Con el confinamiento impuesto, no se podía salir de casa para acudir a la iglesia y, una vez que se activaron las fases para regresar paulatinamente a la normalidad, solo podía ir a misa un número determinado de personas. Así ocurrió en España y así pasó también en otros países como en Eslovaquia, donde el sistema se prolongó hasta bien avanzado el año 2021 y cuyo caso será estudiado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El que fuera comisario de la Unión Europea para la Educación, Formación, Deporte y Cultura entre 2004 y 2009, Jan Figel, presentó en el mes de abril una demanda contra el Gobierno eslovaco por las restricciones que se llevaron a cabo tras la pandemia en relación al culto religioso. El caso está en fase de estudio y desde el tribunal ya se han solicitado las alegaciones correspondientes al Ejecutivo, por lo que será la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo dictamine acerca de la libertad religiosa en Europa durante la covid.
En febrero de 2021, se prolongaron en Eslovaquia las restricciones por la covid y se prohibieron eventos culturales, sociales y deportivos, así como los religiosos. Se permitieron solo algunas excepciones y podían celebrarse bodas y bautizos con un máximo de seis invitados. Este hecho iba «contra la Constitución y contra los derechos fundamentales», según Jan Figel.
Para el excomisario europeo, la libertad religiosa debe recibir «el más alto nivel de protección» y toda persona tiene «derecho a vivir» con sus convicciones. Por tanto, prohibir que alguien acuda a la iglesia, por ejemplo, es «profundamente antiliberal y antidemocrático». De ahí que decidiera finalmente acudir al Tribunal de Derechos Humanos para denunciar el caso.
Extrapolable a Europa
Este sistema de prohibiciones no solo se implantó en Eslovaquia, sino que también se llevó a cabo en Alemania, Francia o España, entre otros muchos países. Es por ello que adquiere aún más relevancia la sentencia que emita finalmente el Tribunal de Estrasburgo, porque no juzgará solo lo que ocurrió en Eslovaquia. El fallo tendrá importancia para 46 países y 676 millones de personas.
La demanda de Jan Figel está avalada por ADF International, una organización de defensa legal que actúa como abogado adjunto en el caso. «El marco legal internacional es muy claro en la protección de este derecho, ya que beneficia a todos, tanto a las personas de fe como a las personas sin fe. Las libertades fundamentales se aplican a todos y, en tiempos de crisis, deben protegerse en lugar de debilitarse», indica Adina Portaru, consejera de ADF International.
En el caso eslovaco, las restricciones que se impusieron no eran ni proporcionadas ni necesarias. «A nadie se le debe prohibir ejercer pacíficamente sus convicciones, y era evidente que el culto religioso se podía llevar a cabo de manera segura durante la pandemia», asegura Figel, quien considera que, para las personas creyentes, el culto «puede ser tan necesario» como el alimento.
El Tribunal de Estrasburgo tendrá que estudiar ahora detenidamente todos los argumentos presentados por Figel y ADF International, al igual que las alegaciones que desarrolle el Gobierno eslovaco. Su decisión, cuya fecha prevista se desconoce, será una de las más importantes que se esperan próximamente, puesto que afecta a más de 600 millones de europeos a los que cercenaron sus derechos durante la pandemia.
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