Turquía ha expulsado a más de 200 cristianos extranjeros y sus familias «únicamente por su fe» desde 2020

Lidia Rieder, miembro del gabinete jurídico de la asociación para la defensa de las libertades Alliance Defending Freedom International (ADF), ha advertido que el gobierno de Turquía está atacando sistemáticamente a los cristianos bajo el pretexto de la «seguridad nacional», expulsando a cientos de creyentes extranjeros y dejando a las congregaciones locales sin liderazgo espiritual. Lo denunció este lunes en la Conferencia de la Dimensión Humana de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Varsovia (Polonia).

«La clasificación por parte de Turquía de residentes cristianos pacíficos como 'amenazas a la seguridad' constituye un claro abuso de la ley y un atentado contra la libertad de religión o creencias», declaró Rieder, haciendo referencia al caso emblemático Wiest contra Turquía, actualmente en trámite ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Cuando los gobiernos manipulan los sistemas administrativos o de inmigración para excluir a personas únicamente por su fe, socavan tanto el Estado de derecho como los principios mismos de tolerancia y coexistencia pacífica que la OSCE se fundó para proteger».

Desde 2020, más de 200 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias —afectando a aproximadamente 350 personas— han sido expulsados de Turquía, muchos de los cuales llevaban décadas viviendo allí. El Ministerio del Interior les ha asignado los llamados «códigos de seguridad», como N-82 y G-87, lo que les prohíbe el reingreso y los clasifica como «amenazas a la seguridad nacional».

Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se informó de la promulgación de al menos 35 nuevos códigos contra cristianos extranjeros. Estas acciones han privado a muchas congregaciones protestantes de liderazgo pastoral y han perturbado la vida religiosa en todo el país.

Actualmente, ADF International apoya más de 30 casos legales en nombre de cristianos que impugnan las prohibiciones arbitrarias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales turcos.

Doble rasero legal y discriminación

Si bien la Constitución de Turquía consagra la libertad de religión y de conciencia, la práctica gubernamental cuenta una historia diferente. Las prohibiciones de entrada y las deportaciones se han utilizado cada vez más como herramientas para silenciar a los trabajadores cristianos extranjeros, mientras que la formación teológica sigue estando severamente restringida: el histórico seminario de Halki permanece cerrado y a los seminarios protestantes se les sigue negando la legalidad.

Al mismo tiempo, la educación bíblica está prohibida, aunque los cursos de teología islámica se permiten libremente bajo supervisión estatal. Las propiedades eclesiásticas también enfrentan restricciones injustas, y congregaciones como la comunidad protestante de Bursa se ven obligadas a abandonar lugares de culto. En conjunto, estas prácticas revelan un patrón de discriminación sistemámica contra los cristianos, en clara violación de los artículos 9 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las propias garantías constitucionales de Turquía.

Expulsado tras 30 años

Se espera que la próxima sentencia de Wiest contra Turquía siente un precedente crucial para la protección de la libertad religiosa en Europa y el resto del mundo. A Kenneth Arthur Wiest, un ciudadano estadounidense que residía legalmente en Turquía desde hacía más de 30 años, se le prohibió regresar sin pruebas de irregularidades. Su caso representa el creciente número de creyentes castigados por practicar pacíficamente su fe.

«La libertad de religión no puede existir si los creyentes viven bajo la amenaza de expulsión por practicar su fe», añadió Rieder. «La OSCE y sus Estados participantes se han comprometido a promover la tolerancia y la no discriminación. Estos compromisos deben cumplirse no solo con palabras, sino también con hechos».

A pesar de las garantías constitucionales de libertad religiosa, el creciente nacionalismo religioso en Turquía ha llevado a restricciones sistemáticas a las comunidades religiosas minoritarias. Los cristianos se enfrentan a obstáculos para el culto, la educación y el liderazgo, así como a constantes campañas de vigilancia estatal y deportación.