El Papa León XIV frente a Trump: una disputa con dos mil años de historia

Cuando el Papa León XIV condenó públicamente la «Operación Furia Épica» contra Irán y calificó de expresión de un «delirio de omnipotencia agresivo» la amenaza de destruir y aniquilar al país persa, Donald Trump respondió con inusitada virulencia. Lo llamó «débil» en materia de política exterior, afirmó que «no quiere un Papa» que se oponga a sus decisiones, y publicó —para luego borrarla— una imagen en la que aparecía representado como Jesucristo. La escena, grotesca en su superficialidad, encierra en realidad un conflicto de una profundidad filosófica e histórica extraordinaria.

León XIV no habla desde la política. Habla desde una tradición de dos milenios que sostiene que el poder del Estado tiene límites morales que ningún soberano puede suprimir. Su posición no es una opinión personal ni una intromisión en la soberanía americana: es la consecuencia coherente de una doctrina construida pacientemente desde San Agustín hasta el Concilio Vaticano II.

San Agustín afirmó en La Ciudad de Dios que un reino sin justicia no es más que una «gran banda de ladrones». Santo Tomás de Aquino sistematizó que la ley positiva solo obliga en conciencia cuando se conforma a la ley natural, y que esta última deriva de la razón divina inscrita en la naturaleza humana. La consecuencia es radical: ningún poder —ni el del emperador romano, ni el del rey medieval, ni el del presidente moderno— puede legitimar moralmente la destrucción masiva de vidas humanas amparándose en la soberanía estatal.

Cuando León XIV invoca el Evangelio —«bienaventurados los que construyen la paz»— y afirma que «la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra», no está improvisando un discurso pacifista. Está aplicando exactamente el principio que Francisco de Vitoria formuló en el siglo XVI al juzgar la conquista de América: que los derechos de los pueblos a no ser destruidos son anteriores y superiores a cualquier decisión soberana de cualquier Estado. La dignidad humana, en esta tradición, no es una concesión del poder político sino su fundamento y su límite.

La imagen de Trump como Cristo, lejos de ser un incidente cómico, toca el nervio teológico del conflicto. Los Padres de la Iglesia —Tertuliano, Ambrosio— enseñaron que la moneda pertenece al César porque lleva su imagen, pero que el ser humano pertenece a Dios porque lleva su propia imagen -imago Dei-. Cuando un poder político reclama para sí la imagen divina, no comete solo una blasfemia: comete el error filosófico que la tradición católica lleva siglos combatiendo, el de confundir la soberanía política con la soberanía moral absoluta.

La posición de Trump tiene, sin embargo, una genealogía filosófica respetable. Thomas Hobbes sostuvo en el Leviatán que el soberano es la única fuente de la ley moral en el orden civil: fuera del pacto social no existe justicia, sino el caos de la guerra de todos contra todos. La seguridad del Estado —y para Trump, la seguridad ante un Irán nuclear— justifica el ejercicio del poder sin más límite que la eficacia.

Jean-Jacques Rousseau añadió la legitimación democrática: la voluntad general del pueblo soberano no puede estar subordinada a ninguna autoridad exterior, ni siquiera religiosa. Y Hans Kelsen llevó esta lógica a su conclusión más rigurosa: el derecho es válido cuando se aprueba conforme a un procedimiento previamente acordado, con independencia de su contenido moral. Una ley —o una orden militar— es jurídicamente válida si sigue el procedimiento correcto.

Desde esta perspectiva, las críticas del Papa son una intromisión ilegítima de una autoridad religiosa en las decisiones soberanas de un Estado democrático. Trump lo expresa con su habitual brusquedad, pero el argumento de fondo tiene esa tradición intelectual.

El problema es que el siglo XX sometió esta lógica a una prueba histórica catastrófica. Los crímenes del nazismo eran perfectamente «legales» conforme al derecho positivo del Tercer Reich. Los juicios de Núremberg de 1945 respondieron que existen crímenes contra la humanidad que ningún procedimiento jurídico puede legalizar. Es exactamente el principio tomista —lex iniusta non est lex— aplicado al derecho internacional. La ironía es que el positivismo jurídico de Kelsen no podía fundamentar esos juicios, pero los juicios eran necesarios y justos.

León XIV no necesita invocar a Núremberg. Le basta con una tradición que lleva desde el Sermón de la Montaña hasta la encíclica Mit brennender Sorge de 1937, que condenó en alemán y en secreto —leída en todas las iglesias un mismo domingo— la deificación del Estado y del poder. La coherencia es perfecta: la misma doctrina que limita al César romano, al rey medieval y al Führer totalitario, limita también al presidente que amenaza con aniquilar a un pueblo entero y se retrata como el Hijo de Dios.