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03 de mayo de 2024

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el líder de Más País, Iñigo Errejón, durante la presentación del Informe Precariedad laboral y salud mental: conocimientos y políticas, en el Impact Hub Piamonte, a 17 de marzo de 2023, en Madrid (España). Esta es la segunda vez que los dos dirigentes políticos participan juntos en un evento dedicado a la salud mental. La creación de esta comisión para la salud mental es un compromiso alcanzado entre el Ejecutivo y Más País, en el marco de la nueva reforma laboral que la formación de Errejón apoyó durante su convalidación en el Congreso.
17 MARZO 2023;INFORME;PRECARIEDAD LABORAL;SALUD MENTAL;POLÍTICA;SALUD;DIRIGENTES;COMISIÓN;REFORMA LABORAL;CONVALIDACIÓN;CONGRESO
Eduardo Parra / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
17/3/2023

Yolanda Díaz e Iñigo Errejón,Europa Press

Sumar vuelve a manifestarse contra las inmatriculaciones de la Iglesia

Los diputados de Sumar y dirigentes de IU, Enrique Santiago y Toni Valero, demandan en sus iniciativas declarar nulas las inmatriculaciones, al remarcar que son inconstitucionales al amparo de la Ley Hipotecaria

El dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, intervendrán en un acto que tendrá lugar en el Congreso, junto a sus compañeros Nahuel González, también de IU y Julia Boada, perteneciente a los ‘comunes’.
Además de ellos, se dejarán ver representantes de otros colectivos para la recuperación del patrimonio de Navarra, Andalucía o Aragón. Asistirán en el foro Asunción Villaverde, de Europa Laica; Miguel Santiago, de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba y la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía; Cristina Contreras, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra; o Belén Boloqui, de APUDEPA Aragón.
Finalmente, se cerrará el acto con un manifiesto sobre el asunto de las matriculaciones.
Por su parte, los diputados de Sumar y dirigentes de IU, Enrique Santiago y Toni Valero, han reclamado declarar nulas de pleno derecho las inmatriculaciones, afirmando que, según la Ley Hipotecaria, son inconstitucionales.
Además de esto, quieren que el Gobierno se posicione sobre la cuestión de que la Mezquita-Catedral de Córdoba pase a titularidad pública.

La respuesta del Gobierno

El pasado mes de febrero, el Gobierno dio como zanjado su papel en este tema en una respuesta parlamentaria, recalcando que había cumplido al remitir la lista de las inmatriculaciones de la Iglesia. Esto lo hizo por el mandato del Congreso en el año 2017 por una proposición no de ley.
En su respuesta, el Gobierno desarrollaba que «el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria». Igualmente, ha asegurado que «no se planteó cuestión al respecto» en ningún tribunal «en la que se aplicó dicha norma». De la misma manera, han asegurado que la inmatriculación en virtud de certificación eclesiástica fue derogada en la reforma de la Ley Hipotecaria, por la Ley 13/2015 del 24 de junio.
En diciembre de 2023, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseveró que no haber recibido «prácticamente ninguna reclamación» desde que se envió el listado de 1.000 bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica a los municipios españoles.

Las inmatriculaciones, bajo la lupa de IU

Los dos parlamentarios de IU han desgranado que la Ley Hipotecaria de 1946 «equiparaban a la Iglesia con la administración pública», debido a que podía registrar a su nombre bienes inmuebles mediante la certificación propia y dotándolos de potestad fedataria pública.
Años después, en 1998, el Gobierno del PP amplió la potestad a bienes de culto, provocando un «incremento sustancial de inmatriculaciones». Más adelante, en con la ley de 2015 se anuló. Es por esto que los diputados del grupo plurinacional consideran la «inconstitucionalidad de la ley anterior». Igualmente, reclaman la misma carga documental que cualquier entidad.
Además, Santiago y Valero han expuesto que el Ejecutivo, junto a la Conferencia Episcopal Española, revelaron en un informe en 2022 un total de 1.027 inmatriculaciones de la Iglesia entre 1998 y 2015, de un total cercano a los 35.000. Los diputados reclaman que existen datos que se remontan al período entre 1945 y 1998.
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