Las confesiones cristianas, ante la reforma del delito contra los sentimientos religiosos: «Vulnera la libertad religiosa»

Las confesiones cristianas miembros de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, y las demás confesiones religiosas han manifestado de manera conjunta a la sociedad española su «seria preocupación» ante el anuncio realizado el pasado 17 de septiembre de 2024 por parte del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de una reforma integral del Código Penal, que incluye la derogación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público del artículo 525 del Código Penal. así lo han dado a conocer mediante un comunicado conjunto, publicado este martes 10 de diciembre. La derogación de este delito, incluido dentro de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y específicamente dentro de los delitos contra la libertad de conciencia, «se ha justificado como una forma de dar mayor protección a la libertad de expresión», indican.

Como ciudadanos y representantes de sus comunidades religiosas «valoramos y respetamos el derecho a la libertad de expresión, como derecho fundamental reconocido constitucionalmente (art. 20.1.a), propio de las sociedades democráticas, que es el que nos ampara para poder expresar nuestra opinión ante estas medidas anunciadas», continúa la misiva. Al mismo tiempo que defienden el derecho a la libertad de expresión «reivindicamos también el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia (art. 16) y derecho a la dignidad e integridad moral (art. 15)», argumentan. Así, comentan que estos derechos, por ser fundamentales, «no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros, como si uno fuera absoluto y los demás relativos, pues todos son necesarios para sustentar la armonía de las libertades y los derechos humanos fundamentales en las sociedades democráticas, cuyos poderes públicos han de custodiar celosamente por el bien de todos, incluidas las minorías».

Por otro lado, recuerdan que, en muchos casos, la vulneración de la libertad religiosa ha conllevado también la censura de la libertad de expresión. Por ello, afirman, «la protección integral de la libertad religiosa es garantía para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y del resto de los derechos fundamentales y libertades públicas». También aluden a que la normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones, son en ocasiones «la base para que puedan producirse comportamientos más graves tales como amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto, actos que, de hecho, están creciendo por toda Europa».

Por todo ello, aseguran que con el deseo de trabajar por la edificación de una sociedad más justa y fraterna aportando la riqueza de sus tradiciones religiosas, tienden su mano «a nuestros gobernantes para entablar un diálogo respetuoso sobre la derogación anunciada del delito contra los sentimientos religiosos, que vulnera sustancialmente el derecho de libertad religiosa, así como sobre cualquier toma de decisiones que afecten a ese derecho fundamental, a través del cauce ordinario de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, como estipula el RD 932/2013, de 29 de noviembre».

Por último, apelan a los representantes de los distintos partidos políticos a que, actuando en conciencia, «trabajen por defender los derechos universales de los ciudadanos, que están por encima de las opciones ideológicas, y a que protejan en su integridad el derecho fundamental de libertad religiosa».