La actual ministra de Educación, Pilar Alegría, recibiendo la cartera ministerial de su predecesora, Isabel Celaá
Educación
Las medias verdades de Educación para justificar la sospechosa aprobación de la LOMLOE
Críticas contra la Ley Celaá por el «déficit democrático» mostrado durante su tramitación
Europa se lava las manos ante las denuncias de diferentes asociaciones que llevan meses denunciando la falta de derechos y libertades de Ley Celaá. En un documento enviado a la ACdP en respuesta a una petición al Comité, el Parlamento Europeo «reafirma su apoyo a los sistemas inclusivos y equilibrados, que toman en consideración grupos de ciudadanos diversos y sus necesidades particulares».
La ACdP y otras asociaciones presentaron el pasado año varias quejas al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo –presidido por la popular Dolors Montserrat– en el que denunciaban, entre otras cosas, los plazos y el momento elegido para la aprobación de la ley, la vulneración de la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos, y la falta de protección de los intereses de los niños con discapacidad.
«Esta ley persigue fines de adoctrinamiento, los cuales no respetan las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, y que se ordena normativamente una moral cívica, no sobre la base de pruebas científicas, sino en argumentos ideológicos», criticaba el escrito.
A respuesta de esta petición, Educación envió un escrito a Bruselas argumentando que «el pluralismo educativo y libertad de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos e hijas está garantizado en la Ley Orgánica 3/2020» ya que esta norma «no incluye ninguna formulación restrictiva de esta libertad y sí su reconocimiento y garantía, en el marco de los principios constitucionales».
Según este informe, «los grupos parlamentarios en el Congreso contaron con un plazo de casi seis meses y medio –en plena pandemia– para realizar sus enmiendas y de 8 meses y 6 días para desarrollar sus trabajos».
Por último, Educación aseguraba que España «pondrá los medios necesarios para que 1 de cada 6 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales no tenga que acudir a un centro distinto del ordinario, lo que no puede considerarse una situación excepcional».
Justo esta semana, la Comisión Europea respondía al Comité de Peticiones afirmando que «no ha sido capaz de identificar ninguna violación del Derecho de la Unión, por lo que no adoptará medidas en este caso».
Jugar con los tiempos
Sin embargo, hay un aspecto que el Gobierno prefirió omitir en su momento y que podría permitir el recurso de la Ley. En su informe al Parlamento, Educación aseguraba haber realizado las consultas correspondientes a los distintos actores. Sin embargo, esto se produjo antes de la formación de la coalición de Gobierno y el texto que finalmente llegó a la votación ya había sufrido modificaciones sustanciales. El momento elegido para su tramitación –un día antes del estado de alarma, cuando ya los colegios estaban cerrados– impidió además cualquier movimiento o crítica de los afectados.
Como explica el director de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, Francisco La Moneda, «lo que hemos denunciado es el déficit democrático que ha demostrado el Gobierno en algo tan importante como la tramitación de una ley educativa en pleno estado de alarma».
«No se escucharon a los agentes sociales, que no se pudieron ni reunir por las restricciones. Fue tan rápida la tramitación para una ley de tanto calado, que nos parece alarmante». añade.
Por eso, La Moneda ya ha advertido que volverán a presentar la queja al Comité de Peticiones alegando que no se ha dado respuesta a la denuncia y que además añadirán las sentencias de inconstitucionalidad contra el confinamiento.
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