Ejemplar de lobo ibérico
Sociedad
El lobo vuelve a sembrar el pánico: «Los alimentamos a costa de todos los españoles»
Ganaderos denuncian un aumento de los ataques frente a la insuficiencia de las compensaciones y la falta de controles poblacionales
El lobo ibérico vuelve a aterrorizar a los ganaderos españoles. La falta de control poblacional y la expansión de esta especie están esquilmando a sector por el aumento de ataques que sufren desde hace un tiempo. Las compensaciones están tardando en llegar y son insuficientes, y advierten que «estamos dando de comer a los lobos a costa del dinero de todos los españoles».
Carlos de Santos es el gerente de El Caserío de la Torre, una finca de ganado extensivo de 2.400 hectáreas en el término municipal de Torrecaballeros, a ocho kilómetros de Segovia, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Como tantos otros ganaderos, lleva sufriendo durante años el ataque de los lobos, pero en los últimos años estos sucesos se han disparado.
«La especie está viviendo una expansión enorme. El lobo no tiene ningún tipo de depredador y, si tiene un fácil acceso a las fuentes de alimentación, crecerá año a año», explica este ganadero.
Ovejas muertas tras ser atacadas por un lobo en Villar del Buey, Zamora
El problema son las compensaciones que reciben los ganaderos por cada ataque. Tras encontrar el cadáver, hay que avisar a los agentes medioambientales que, si concluyen que el responsable ha ido un lobo, elaboran un informe con el que se puede pedir un pago compensatorio a la Junta.
Tras el pago inicial, normalmente una cantidad pequeña, los ganaderos llevaban a la Junta a los juzgados, que normalmente reconocían el lucro cesante –los beneficios perdidos por los años que le hubiera quedado al animal por producir–.
«Hace un año, cambiaron el criterio y la Junta está poniendo todo tipo de pegas, incluso después de la sentencia», comenta Jorge Bernad, abogado con más de 30 años de experiencia en derecho cinegético y medioambiental. «Los forestales también están poniendo trabas a la hora de certificar los partes de baja alegando que son dudosas, lo que impide que el juzgado reconozca los ataques. Creo que hay instrucciones de arriba para que estos temas se dilaten», agrega.
De Santos añade que, además, las compensaciones son totalmente insuficientes. «Por un ternero de hasta tres meses pagan unos 450 euros. El problema es que no es posible sustituir a ese ternero; no hay mercado ni la vaca lo va a aceptar como suyo y no lo va a amamantar».
«El destino de estos animales puede ser cebadero o vida –para semental o vaca madre–, con lo que se pierde el lucro cesante. Además, hay una serie de añadidos: pérdida de fertilidad de las vacas por el estrés, rotura de vallados, mordiscos y heridas en los animales que hay que tratar».
Control poblacional
Una de las soluciones, explican los ganaderos, es el control poblacional. Al sur del Duero nunca se ha permitido la caza del lobo, pero la Junta de Castilla y León a veces actuaba matando al macho alfa para diseminar la manada. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó la inclusión de este animal en el listado de especies de protección especial en una votación polémica ya que solo se mostraron a favor las comunidades –y Ceuta y Melilla– que no tienen ni un solo ejemplar de lobo en su territorio.
«Me consta que la Junta sería partidaria de hacer controles poblacionales», señala Bernad. «El problema viene a nivel nacional. Las comunidades con lobo dijeron que había que hacer controles, pero ya no les dejan».
Ganado atacado por lobos
De Santos va más allá. «No tenemos por qué estar alimentando lobos que son de la Administración. Como gestor y cazador, creo que hay que convivir con las especies, pero siempre que los daños sean asumibles» y advierte que, si persisten los ataques, «tendemos que cerrar la explotación».
Cinco millones en pérdidas
Según datos de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), en el año 2020 se registraron 4.500 ataques de lobos en esta comunidad, ocasionando la muerte de 6.000 cabezas de ganado, sin contar los animales desaparecidos –por los que, por cierto, no se recibe compensación– ni los abortos producidos a consecuencia del estrés.
Esta asociación calcula que las pérdidas de los ganadores de Castilla y León ascienden a 5 millones de euros todos los años mientras que la Junta solo compensa el 20 % de los daños.
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