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Fachada de la clínica CEME, imputada por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de la joven Silvia Idalia

Fachada de la clínica CEME, investigada por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de la joven Silvia IdaliaEuropa Press

Investigación judicial

La clínica del 'caso Silvia' asegura no tener ninguna denuncia en los juzgados

Inés y Marisol son algunas de las personas que aseguran haber sufrido una serie de malas prácticas por parte del centro CEME en sus operaciones, lo que les ha dejado secuelas permanentes. La clínica defiende su inocencia y alega que las «supuestas afectadas» solo «quieren dinero»

La muerte esta semana de Silvia Idalia, la joven que contrajo una infección y entró en coma tras someterse a una triple operación de cirugía estética en la clínica CEME de Madrid, ha marcado un trágico punto de inflexión en la batalla judicial emprendida por los familiares contra el centro. Tres médicos, además de la propia clínica, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, que ha pasado de investigar un presunto delito de lesiones imprudentes a centrarse ahora en uno de homicidio imprudente.

Pese a la magnitud del triste desenlace, el de Idalia no es el único frente abierto que tiene ahora mismo la clínica. Tras hacerse público su caso a finales de mayo, las acusaciones de clientas descontentas con el trato recibido por parte del centro fueron conociéndose a raíz de la gravedad del de Silvia, si bien varias de estas mujeres ya llevaban organizadas como plataforma desde hacía meses.

Tanto en el incidente de Silvia como en el del resto de clientas («afectadas», según ellas; «insatisfechas», según CEME), la clínica niega responsabilidad alguna y defiende que su trato ha sido siempre «correcto». En lo que se refiere a la joven fallecida, los responsables han aportado recientemente ante el juzgado un informe pericial de la unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal que descarta una posible mala praxis al señalar que la joven no contrajo la infección en el entorno hospitalario, sino que procedió «de la microbiótica (flora) de la propia paciente». En este sentido, el documento señala que la joven fue atendida de manera adecuada y constante tanto durante la operación como después.

Mientras la Justicia investiga el caso, 19 de esas clientas «han comparecido en el Juzgado, ampliando la denuncia», según refiere Francesc Jufresa, abogado de Idalia, a este periódico. La clínica indica que lo que han presentado es «un escrito de queja que ha sido desestimado» por el juez que lleva el caso y asegura que lo único que persigue el grupo es la «extorsión», por lo que han presentado una denuncia contra ellas por «injurias graves», «extorsión» y «amenazas». El Debate ha podido hablar con dos de ellas para recabar sus relatos, que han sido contrapuestos con la versión de la propia clínica, la cual asegura no tener ninguna denuncia ante la Justicia. Son los siguientes.

Inés, 38 años

Inés M. contrató los servicios de CEME en enero de 2021 para someterse a una operación de mastopexia (elevación de pecho). Según ella, el médico que la atendió no le «informó de nada del proceso quirúrgico». Aunque admite que «a lo mejor fue error mío no haber preguntado muchas cosas sobre el proceso», añade que ella «estaba tan ilusionada que cómo iba a desconfiar de un médico». Tras la operación, de tres horas y media, los médicos la mandaron a casa al no hacer ellos hospitalización. «Simplemente, me dieron un teléfono y me dijeron que si tenía dolores, llamara, cosa que yo hice porque me encontraba mal, a lo que me respondieron que en ese caso acudiera al Hospital de La Paz», cuenta.

Me dicen que me van a devolver el dinero, pero no lo hacenInés M.Clienta del CEME

Tras regresar a Salamanca, de donde es ella, al cabo de unos cinco días, Inés continuó curándose siguiendo las indicaciones que le proporcionaba el médico. Hasta que descubrió que el tejido se le había necrosado. Inmediatamente, llamó al cirujano, quien le dijo que tenía que volver inmediatamente a Madrid para someterse a una operación de urgencia. «Estuve dándome pomadas, antibióticos y de todo hasta que aquello se me cerró», resume. «Pero me seguía doliendo el pecho derecho y además no me había quedado bien, así que volví y me dieron la razón: aquello no estaba bien. Me ofrecieron un retoque con otro cirujano, pero yo lo rechacé, porque ¿cómo me iba a fiar yo de una clínica que me había dejado en ese estado?», remacha Inés, que reclama ahora la devolución del dinero de la operación. «Me dicen que lo van a hacer, pero no lo hacen», asegura, además de referir «falta de explicaciones» por parte de la clínica.

Por su parte, CEME asegura que la paciente no siguió «las indicaciones del doctor» y atribuye los dolores que sufre –según la empresa «aquí ella jamás ha referido que tenía dolor»– a la fibromialgia diagnosticada que padece. «¿En concepto de qué le tenemos que devolver el dinero, si la operación está hecha correctamente y si además, en caso de estar disconforme, le ofrecemos un retoque que ella rechaza?», refieren fuentes de la clínica.

Marisol, 55 años

Marisol I. se puso en manos de CEME en marzo de 2020 para que le retiraran las prótesis de pecho que se había implantado hacía años en otra clínica. Según ella, además de las operaciones para las que dio su consentimiento le practicaron otras dos «no autorizadas» por ella, un extremo que el centro niega. Días después, comenzó a sangrarle un pezón, pero debido al inicio del confinamiento no podía acudir presencialmente al centro. Por esta razón, tuvo que contratar a una auxiliar que le ayudó en las tareas de limpieza, siguiendo las indicaciones que el doctor que la atendió le proporcionaba por videollamada. «El proceso duró dos meses y medio y yo hablé con ellos unas cinco veces por esa vía», cuenta Marisol, quien asegura que el pecho se le ha quedado desfigurado y, en uno de ellos, sin pezón. «Queremos que se haga justicia y una compensación, porque algunas hemos quedado así de por vida», lamenta.

Desde CEME, además de negar haber realizado operaciones sin consentimiento, culpan a la paciente de no haber acudido a revisión presencial en dos años. «Es irresponsabilidad por su parte, si no acude poco se puede hacer. Además, si sufre un traumatismo como el que sufrió, lo que se le ofrece es practicarle una micropigmentación, algo que ella no ha querido», apuntan.

Tanto en el caso de Inés como en el suyo, los responsables apuntan al estado del pecho de las pacientes antes de la operación como uno de los factores determinantes en el resultado estético final. En el de Marisol, por ejemplo, aluden que «tenía ya los pezones completamente desfigurados» por una cirugía de reducción a la que ya se había sometido previamente en otro centro. «Cuando tu te haces una segunda reducción el riesgo de tener una necrosis de pezón se amplifica, y eso es algo que se le explica al firmar el consentimiento», concluyen.

¿Oportunismo?

Creada en 2013, CEME ha operado en este tiempo, detallan sus responsables, a unos «20.000 pacientes», por lo que «es normal que de todos esos haya 19 descontentos». «Pero estas personas llevan desde hace un año diciendo que van a poner una demanda y no la ponen, porque saben que no llevan razón. Y ahora que ha surgido el caso de Silvia se han subido al carro para pedir dinero y contar mentiras», afirman desde el centro, que hace especial hincapié en la «amplia trayectoria laboral» de sus cirujanos para sustentar su profesionalidad.

«Las víctimas somos nosotros, porque se ha decidido que somos culpables y que hay que cerrarnos cautelarmente, mientras se pasa de puntillas por el peritaje. Y yo me pregunto, cuando CEME cierre, ¿qué pasa con los 10.000 pacientes en tratamiento?», reflexiona su portavoz, que pide a las clientas presentar informes periciales que prueben sus denuncias.

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