Miles de euros en recargos porque los mensajeros tiraron las multas a un vertedero de Palma

Hace unas semanas, miles de cartas sin entregar fueron encontradas en torrentes, tuberías y descampados de Palma de Mallorca. Se trataba de correspondencia que los repartidores habrían arrojado ante la presión por cumplir las ratios de entrega. Pero en muchos casos se trataba de notificaciones de multas por valor de miles de euros, por lo que varios afectados están organizando una plataforma para demandar a la empresa de mensajería.

Son multas y sanciones por valor de miles de euros, que han desembocado en avisos de embargos y pérdida de prestaciones por recargo a pesar de que no habían recibido ninguna notificación. Por eso pretenden demandar a la empresa CI Postal, que acumula varias infracciones previas por irregularidades en las entregas.

A través de un canal de Telegram, varios de los afectados han recogido pruebas de los sobres tirados y expuesto sus casos. Por lo general son multas leves de tráfico que, con la reducción, se hubieran quedado en 50 euros. Pero también hay sanciones que, con los recargos, llegan hasta los 10.000 euros. Otro afectado ha recibido el embargo de su prestación.

El diario Última Hora habló hace unas semanas con una extrabajadora de la empresa de mensajería que reveló que la compañía daba a los empleados multas casi caducadas por la mala gestión de los encargados, lo que apenas dejaba tiempo para su entrega.

«Durante dos días tiré cartas a la basura y contenedores de reciclaje. Ya sé que hice mal, pero era imposible cumplir con los objetivos de la empresa y había gente que se dedicaba solo a entregar multas y lo hacía», reveló.

Las cartas «se cayeron»

El Ayuntamiento, por su parte, ha asegurado que las multas se entregan correctamente y de que hay «garantías» de ello. El portavoz del Consistorio ha asegurado que las cartas encontradas «se cayeron, alguien las recogió y las puso dentro del cubo».

Hace unos meses, cinco trabajadores de CI Postal fueron detenidos por la Policía acusados de falsificar firmas para simular la entrega de notificaciones. Entonces, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador a la empresa, pero no perdió la contrata de reparto.