Reunión de consejeros con la ministra de Sanidad para debatir el uso de cubrebocas
Iniciativa polémica
Sanidad ignora las 48 horas de alegaciones de los consejeros e impone la mascarilla horas después
Los consejeros de las regiones niegan el colapso en el sistema sanitario y aseguran que la situación epidemiológica «no es tan grave»
El Ministerio de Sanidad propondrá autobajas de tres días para que no se saturen los centros de salud
Los médicos muestran su apoyo a las comunidades que han implantado la obligatoriedad de la mascarilla
La cuarta reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de Mónica García como ministra de Sanidad, que se celebró el pasado lunes, no acabó como ella esperaba. Sin embargo, ha parecido no ser un porblema para titular del departamento que impuso, horas después de la negociación fallida, el uso de las mascarillas en centros sociosanitarios, hospitales y centros de salud. Una medida que «no debería ser para todos», según varios facultativos.
Esta decisión se ha tomado en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión cantidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que «obliga a todas las partes» que se encuentran incluidas en ella. Medida a la que ha recurrido García al no llegar a un acuerdo unánime e ignorar las 48 horas que les dio a los consejeros para hacer alegaciones y presentar sus propuestas.
María Teresa Coiras, profesora y experta en Virología de la Universidad Europea, ha asegurado que «no debería generalizarse» el uso de los cubrebocas en sitios bien ventilados. En ese sentido, tampoco deberían portarla las personas que «no tengan enfermedades de base» que afecten al sistema inmunitario.
Así, la viróloga ha indicado que la vuelta a la utilización generalizada de la mascarilla «solo debería ser recomendable» en centros sanitarios y hospitales en los que haya mucha confluencia de personas con infecciones respiratorias, personal sanitario expuesto a personas enfermas, personas mayores de 65 años o con alguna condición que produzca inmunodeficiencia y mujeres embarazadas.
Según Coiras, el uso de mascarillas debe realizarse de manera prudente en los casos indicados, pero «nunca utilizarse de manera continuada e indiscriminada» por personas sanas, sin condiciones previas que predispongan a padecer una enfermedad respiratoria grave, para evitar el efecto rebote al quitarnos esta herramienta de prevención, consecuencia de la reducción de la respuesta inmunitaria.
A favor de la obligatoriedad
Algunas comunidades están a favor de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y hospitales. Ejemplo de ello son Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, que ya habían tomado esta medida.
El pasado viernes, Aragón también decidió implantar los cubrebocas, pero con una excepción, sólo la deberán llevar los profesionales sanitarios, los pacientes que se encuentren en las salas de espera esperando a ser atendidos y quienes trabajen con personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidas.
Murcia se sumó a las mascarillas. Desde el sábado, 6 de enero, está vigente su uso obligatorio en los centros sanitarios públicos como hospitales, centros de salud, servicios de urgencias de atención primaria y consultorios de la Región, debido al incremento de la incidencia de infecciones respiratorias. A pesar de ello, denunció que la ministra «no ha cumplido el procedimiento» y no ha convocado previamente a los órganos técnicos para celebrar la sesión.
Al igual que muchas comunidades tienen claro su «sí» a esta herramienta de prevención, Baleares se abstuvo de cualquier medida. Sin embargo, su consejera, Manuela García, avisó de que le darán luz verde en caso de que aumente la incidencia. A pesar de ello, aclaró que «esto no es la covid» y que la actual situación era «esperable» para esta época del año.
Las comunidades, contra la medida
Tras este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «decepcionante, improcedente e innecesario», según varios consejeros, Castilla y León también anunció su oposición al uso de los cubrebocas, puesto que la comunidad ya cuenta con acertados planes de contingencia para hacer frente al repunte de enfermedades respiratorias.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, recalcó en la reunión que en su territorio se mantendrá bajo recomendación, pero que no será obligatorio porque se trabaja «de manera normalizada en centros hospitalarios», y no se han suspendido operaciones. Algo que aseguró que es «una situación similar» a la de cualquier otro año.
Con respecto a la Comunidad de Madrid, la consejera Fátima Matute indicó que mantendrá la recomendación de las mascarillas en los supuestos contemplados desde que se eliminó la restricción en 2023. Es decir, ante síntomas y para personas especialmente vulnerables. Además, recalcó que la epidemia de gripe está «en las mismas cifras» que antes de la pandemia por coronavirus.
El Gobierno de Cantabria tampoco apoyó la imposición de esta herramienta de contención, si bien será recomendable su uso dado que la situación epidemiológica no es «tan grave» y con medidas como las que han llevado a cabo desde el 22 de diciembre «se puede controlar».
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, también rechazó la propuesta de García. Además, trasladó su desacuerdo ante la convocatoria del Consejo Interterritorial, puesto que, la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública no ha elaborado un documento previo donde se establezcan niveles de alertas o indicadores.
El gobierno vasco también criticó que Sanidad proponga la universalización de mascarilla «sin aportar datos» sobre incidencia de enfermedades respiratoria ni evidencias científicas. Asimismo, recordó que todos los años se toman medidas para controlar los picos de gripe como la vacunación, evitar las aglomeraciones y la ventilación, entre otras.
El consejero gallego de Sanidad, Julio García Comesaña, anunció que es «desproporcionada» la intención de Sanidad de obligar el uso de lo cubrebocas en centros sanitarios, aunque no se pone a que se aplique en comunidades «que lo precisan». Al igual que otras comunidades, también denunció la «falta absoluta de criterios técnicos» para llevarlo a cabo.
Tras el fracaso, García dio dos días a los gobiernos autonómicos para que presenten algunas propuestas para hacer de su uso algo «universal». Sin embargo, se los ha saltado e impuso su decisión horas después de la asamblea.
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