Interior de un edificio okupado
Entrevista
La lucha de un joven propietario con sus inquiokupas: «Parecían buena gente, pero me la han liado»
El Debate conversa con un joven de 24 años que, después de comprar su primer inmueble para alquilarlo, ha caído en los engaños de sus inquilinos, que llevan meses sin pagar el alquiler
Tras la reciente aprobación de la reforma de ley para juicios rápidos contra los okupas, se han agilizado los trámites para desalojar a las personas no autorizadas que okupen una propiedad privada deshabitada. Sin embargo, los propietarios cuyos okupas son sus propios inquilinos han quedado completamente desprotegidos, a pesar de la reforma.
Mientras que este cambio legal busca agilizar el desalojo de viviendas usurpadas, persiste el interrogante de cómo se protegerán los derechos de los pequeños propietarios vulnerables frente a los conocidos como inquiokupas. Sin considerar su situación en la legislación, la reforma corre el riesgo de ser incompleta y de no proporcionar una solución integral a la problemática de la okupación ilegal.
Este es el caso de Rodrigo (nombre ficticio), quien con tan solo 24 años, y después de ir escalando laboralmente, consiguió ahorrar unos miles de euros para adquirir un pequeño inmueble en la localidad castellanomanchega de Talavera de la Reina, donde los precios de compraventa de pisos son más reducidos.
«Es mi única propiedad. Mi intención era alquilar el piso para poder pagar la hipoteca y usarlo como una inversión, dedicarlo al alquiler de vivienda habitual. Lo colgué en portales inmobiliarios, como Idealista o Fotocasa, y me llegaron muchísimos candidatos. En solo dos semanas tuve como unos 20», relata este joven en conversación con El Debate.
Tras analizar estas peticiones, Rodrigo hizo una criba de posibles inquilinos, con la intención de alquilar su único inmueble a personas en las que pudiera confiar. «Les pedí requisitos de nóminas o de avalistas y, finalmente, elegí como inquilinos a una pareja de españoles de poco más de treinta años. Son emprendedores y parecían buena gente. Además, contaban con un avalista y me permitieron revisar las cuentas del negocio que regentan y que abrieron este mismo año», explica.
Durante el primer mes de alquiler los hechos acontecieron tal y como Rodrigo esperaba. La pareja inquilina pagó la mensualidad y depositó dos meses íntegros de fianza por el piso. «A los dos meses empezaron los problemas», recuerda este joven.
En España se beneficia al okupa a costa del propietario
«Comenzaron a retrasarse con el pago, me daban evasivas. Me decían: 'Sí, esta tarde te mando el justificante de transferencia', y nunca llegaba. Se lo decía y me respondían que habían tenido un problema, que me lo enviaban al día siguiente. Nunca hicieron el pago e incluso mintieron diciendo que se habían equivocado y que habían hecho el pago de la transferencia del alquiler al casero de su negocio. Todo era mentira», lamenta Rodrigo ante los micrófonos de este periódico.
Desde un último mensaje de petición del pago, después de solicitarlo reiteradas veces, este joven no ha vuelto a saber nada de sus inquilinos: «Ya ni siquiera contestan a los mensajes. De verdad, que parecían buena gente, pero me la han liado».
«He recurrido a la vía legal. He hablado con un abogado y les ha enviado un burofax dándoles diez días para pagar. Todavía no han pagado. En las próximas semanas interpondremos una demanda», explica. A pesar de que Rodrigo posee la licenciatura en Derecho y confía en la Justicia, «creemos que esto va a ser complicado, costoso y que se va a retrasar bastante tal y como está la situación en España, ya que se beneficia al okupa a costa del propietario», sentencia a este medio.
Modus operandi de los inquiokupas
Según han explicado abogados expertos en la temática a El Debate, el término inquiokupa no existe como término legal, sino que «es el nombre que se ha dado por los medios de comunicación o los ciudadanos a los inquilinos que con un contrato de arrendamiento alquilan una vivienda con el fin de habitarla y pagar el precio acordado (contrato de alquiler), pero que realmente lo que subyace es la intención desde la firma del contrato de no pagar la renta una vez que han accedido legalmente a la vivienda».
El modus operandi estas personas es alquilar, pagar la fianza y el mes corriente y desde el mes siguiente dejar de abonar el alquiler. «El problema es que tienen la posesión de forma legítima y el propietario no puede ya acceder a su vivienda, y además no percibe el importe del alquiler» apuntan los expertos a este medio.
El proceso para recuperar la vivienda de un inquiokupa por el arrendador es un proceso judicial civil de desahucio por falta de pago o resolución del contrato por incumplimiento. Una vez conseguida una sentencia favorable, nos encontramos con la segunda parte, la ejecución de la misma, que es el lanzamiento de los inquilinos, es decir, echar de forma definitiva a los inquilinos y recuperar la posesión de la vivienda.
Según los abogados consultados por este medio, «ahí existe otro escollo más, y es que tras la pandemia se suspendieron los lanzamientos para personas de especial vulnerabilidad y dicha suspensión está actualmente en vigor hasta el 31 de diciembre del 20204 por Real decreto ley 8/2023, que acuerda la prórroga de los procedimiento de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional regulada en el Real Decreto leu 11/2020».
