Los veterinarios estallan contra el Gobierno por la «restrictiva» regulación de los medicamentos

Miles de clínicas veterinarias en España han cerrado sus puertas este martes a las 11 de la mañana como símbolo de protesta contra el Gobierno por la reciente normativa sobre dispensación y uso de medicamentos veterinarios que obliga al registro oficial de antibióticos.

Con este paro se pretende reflejar el malestar existente por la puesta en marcha de la comunicación telemática de prescripciones de antibióticos y por la restrictiva regulación de medicamentos veterinarios. Un marco normativo que, según el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV), podría repercutir sobre la calidad en la atención sanitaria a los animales y que ha hecho reaccionar a los veterinarios tras la reciente entrada en vigor, el 2 de enero, del Real Decreto 666/2023, que regula la citada obligación de comunicar a través de Presvet tales recetas.

La plataforma VetsUnido lamenta que el reglamento actual les limita mucho su actividad, hasta el punto de «tener que declarar cada gota inyectable o pastilla prescrita cuando ya hay otras formas de notificar».

Esta nueva exigencia se justifica en aplicación de la política europea frente a la lucha contra las resistencias antimicrobianas, que reducen la eficacia de los antibióticos. La presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor, coincide en destacar el «compromiso de todos los veterinarios frente a las resistencias, que es un problema de salud pública de primer orden» pero advierte que «la aplicación de este RD y la puesta en marcha de Presvet para animales de compañía supone una carga burocrática excesiva que puede encarecer el servicio, ya castigado desde 2012 con un IVA al tipo máximo del 21 %».

Y es que la profesión veterinaria sí que comulga con el fin de la norma, un mayor control de los antibióticos en un contexto de reducción de su uso para luchar contra las resistencias, pero creen también que les ha faltado tiempo para adaptarse, por lo que esta nueva norma les genera «incertidumbre y desconfianza».

Esta regulación, según alertan, fuerza al profesional a recetar conforme a lo indicado en las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios, que se encuentran en su gran mayoría desactualizadas. Para no saltarse la normativa, se abocaría muchas veces al veterinario a prescribir un medicamento que no sería de primera elección o una presentación comercial del mismo cuyo formato no se ajustaría a las necesidades para tratar al paciente.

Sanciones desproporcionadas

Otra de las quejas del colectivo es que el régimen sancionador es «absolutamente inasumible» con unas cuantías «completamente desproporcionadas, que han generado una lógica indignación», según han indicado los afectados.

Por todo ello, defienden simplificar la tarea y encontrar la manera más sencilla para que no suponga un gasto de tiempo y energía, ya que los veterinarios reclaman que están para dar servicio médico a los pacientes «y no para estar tecleando en el ordenador». Aunque creen que, con el tiempo, se convierta en una rutina denuncian que hasta que llegue ese momento, los veterinarios están gastando 10 minutos en llevar a cabo una gestión que antes les llevaba un minuto.