Los veterinarios alzan la voz contra la regulación de los antibióticos: «Pone en riesgo la salud de las mascotas»

Con un paro de una hora en su trabajo quisieron escenificar el pasado martes los veterinarios su disconformidad con la nueva normativa sanitaria que les afecta. En concreto, protestan contra el real decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y obliga, desde enero pasado, a registrar oficialmente –a través de la herramienta informática PresVet– la prescripción de todos los antibióticos dispensados a mascotas.

«Es una forma de cuestionar nuestro trabajo», comenta a El Debate la veterinaria María Julia Sánchez. Este es uno de los puntos que justifican su desacuerdo con la norma, pero no el único, ya que destacan que este cambio en la forma de administrar los antibióticos a las mascotas pone directamente en riesgo sus vidas.

Según relatan, la ley persigue el fin de endurecer el control del uso de antibióticos como parte de una lucha contra la resistencia microbiana, ya que estos seres microscópicos cada vez son más resistentes a los fármacos. No obstante, la forma de implementarlo hace que para administrar un tipo concreto de antibiótico sean necesarias pruebas como un cultivo o un antibiograma, algo que retrasa el inicio de la medicación en días cruciales y que, además, tal y como remarca Sánchez, repercute directamente en el bolsillo de los dueños, que tendrán que costear esas pruebas extraordinarias. «Es una normativa que han hecho sin tener ni idea de cómo funciona una clínica veterinaria», acentúa.

Esta medida hace que no se tenga en cuenta la valoración del profesional. Luciano Díez, presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León, subraya a este medio que el veterinario, por su experiencia, sabe lo que necesita el animal, pero con estas trabas no puede administrárselo sin hacer el papeleo pertinente.

Díez cree conveniente que se modifique el real decreto y se cree una comisión de trabajo con los profesionales para tratar de encontrar un encaje agradable para todos. De hecho, el reglamento europeo en el que se basa la ley estipula que debe estar vigente antes de 2030, por lo que cree que aún hay tiempo de sobra para paralizar la aplicación del texto y modificarlo.

Sanciones de hasta un millón de euros

La misma postura es la que mantienen desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE). Su presidente en Madrid, José Ramón García, explica a El Debate que la ley obliga a los veterinarios a hacer una comunicación de cada antibiótico «con una presunción de culpabilidad», y destaca que las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros.

García recuerda que el 95 % de los antibióticos los prescriben los médicos «y ellos no tienen limitaciones», ya que se les presupone profesionalidad, por lo que considera que esta norma pone en riesgo la profesión veterinaria y su código deontológico. Asimismo, resalta que con esta vía se pone en riesgo a las mascotas, ya que no se puede tratar a pacientes con enfermedades serias y se pierde mucho tiempo con la burocracia.

El presidente de CEVE en Madrid añade que esta situación genera miedo entre los profesionales e incluso la decisión preventiva de algunos de dejar la profesión. Carga contra los Colegios de Veterinarios, a los que acusa de estar dirigidos por unos representantes «que no son el reflejo de la profesión y que tienen una visión sesgada»: «Vale lo mismo el voto del colegio de Ceuta que el de Madrid», lamenta.

Acusa también al Gobierno de no haber contado con las asociaciones, los colegios mayoritarios, los sindicatos y los profesionales para la redacción del texto y destaca que en 23 países de la Unión Europea la dispensación está en las manos del veterinario frente a los tres países –entre los que se encuentra España– en los que no se permite.