Los interrogantes sobre Muface que continúan abiertos: ¿se mantendrá el modelo después de este concierto?

Muface ha adjudicado ya formalmente el concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios a Asisa y Adeslas, las dos únicas aseguradoras que se presentaron a la licitación. Según la mutualidad, la firma del contrato se producirá el 29 o el 30 de abril, por lo que hasta ese momento las compañías que actualmente prestan el servicio –las dos mencionadas y DKV, que no continuará en este nuevo concierto– seguirán haciéndolo hasta esa fecha en el marco de la prórroga prevista.

Esto confirma que los funcionarios que pertenecen a Muface y sus familiares podrán seguir recibiendo esta prestación sanitaria al menos tres años más, momento en el que habrá que renegociar las condiciones con las aseguradoras. Las enormes dificultades para llegar a un acuerdo este año ensombrecen la continuidad del modelo a futuro, pero de momento solo Mónica García, ministra de Sanidad, se ha pronunciado claramente en contra de la continuidad de la mutualidad.

Esto contrasta con la actitud del ministro competente en este asunto, Óscar López, titular de Función Pública, que ha negociado con las aseguradoras hasta que finalmente se adhirieron al concierto, no sin problemas en el camino. Su postura ha chocado desde el minuto uno con la titular de Sanidad y, si bien ha sudado para conseguir la continuidad del modelo, también ha abierto la puerta a modificarlo.

En todo momento, López ha aludido a cumplir la ley para justificar esa negociación con las aseguradoras que al final se ha saldado con un aumento en la prima del 41,2 % en los próximos tres años. Sin embargo, el ministro también ha remarcado en múltiples ocasiones que, si alguien quiere cambiar el modelo se puede hacer reformando esa ley para ajustarla a los tiempos actuales, ya que cuando se ideó la mutualidad no existía el servicio público de salud universal.

Los sindicatos de los funcionarios –desde los policiales y CSIF a UGT y CC.OO.– apuestan por el mantenimiento de Muface, pero todos ellos recalcan que, durante estos tres años, convendría hacer reformas para garantizar la estabilidad de la mutualidad y que no genere incertidumbre entre los funcionarios cada dos o tres años. Desde Sumar, partido integrante del Gobierno, lo que se quiere es abrir el melón, pero para dinamitar el mutualismo administrativo y que todos sus integrantes migren al sistema sanitario público.

Ante esta situación, todo parece indicar que Óscar López optará por escurrir el bulto para que, dentro de tres años, el «marrón» lo asuma otro. Y es que, además de ministro, López también es candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE, por lo que una posible remodelación de Muface que no siente bien entre el funcionariado puede arrebatarle puñados de votos que, en Madrid, son más que necesarios para los socialistas.

Las conclusiones de la AIReF

El análisis sobre la eficacia y eficiencia del mutualismo administrativo realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha supuesto otro varapalo para el modelo. El organismo aportaba datos como que, mientras que solo el 24 % de los mutualistas optaron por la sanidad pública, el porcentaje ascendió hasta el 70 % entre los que tuvieron episodios hospitalarios por patologías «de severidad mayor y extrema».

Por ello, la AIReF propone incorporar a los nuevos mutualistas (tanto de Muface como de Mugeju e Isfas) al Sistema Nacional de Salud (SNS), además de permitir la adscripción voluntaria. «No estamos proponiendo que haya una incorporación inmediata, esto tendría que ir precedido de un refuerzo previo del Sistema Nacional de Salud», aclaró en su presentación Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. No obstante, sí que matizan que esta migración no sería antes de dos o tres años, es decir, que se pueda estudiar esta posibilidad a lo largo del concierto que está a punto de comenzar.

Para colmo de males, los médicos autónomos, los hospitales y las clínicas critican a las aseguradoras por no incrementarles su parte a la par que ha hecho el Estado. ASPE ha advertido de que los centros sanitarios prestadores del servicio necesitan unas bases para garantizar un servicio de calidad, por lo que ha llamado a las aseguradoras a tener «altura de miras» y ofrecer una remuneración adecuada. Unipromel, por su parte, explican que llevan sufriendo cada año recortes de las compañías adjudicatarias «que siempre alegan que no pueden mejorar nuestros honorarios porque pierden dinero».

Con todo ello, habrá que esperar para ver si Función Pública abre una vía para la reforma del modelo o, como hemos dicho anteriormente, agota los tres años del actual concierto para decidir qué hace con la mutualidad y su millón y medio de afiliados y beneficiarios.