El recorte de médicos y hospitales en Muface pone en tensión a los funcionarios: «Es un engaño a los mutualistas»

Durante meses, el Gobierno de España y las aseguradoras médicas encargadas de la atención sanitaria a los funcionarios de Muface han estado inmersos en complejas negociaciones. Tras dos licitaciones fallidas y una posterior modificación de la última propuesta, el Ministerio de Función Pública, liderado por el socialista Óscar López, logró finalmente cerrar un acuerdo con Adeslas y Asisa. El pacto contempla un incremento del 41,2 % en la prima que regirá durante los próximos tres años.

La firma del nuevo concierto parecía poner punto final al prolongado conflicto. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse. Ahora, las aseguradoras han publicado los cuadros médicos actualizados y muchos funcionarios denuncian que algunos grupos hospitalarios y médicos autónomos han desaparecido, disminuyendo, por tanto, su oferta asistencial.

El cambio más palpable en los cuadros médicos reside en la caída del grupo hospitalario HM en Madrid, Barcelona, León, La Coruña y Santiago de Compostela, tal y como han denunciado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ya ha elevado una queja ante Adeslas. El sindicato considera «un engaño a los mutualistas este recorte de medios conocido una vez que se ha producido la firma del nuevo acuerdo de asistencia sanitaria».

También es relevante señalar que, por el momento, el grupo hospitalario tampoco ofrecerá cobertura a los funcionarios adscritos a Mugeju e Isfas en Cataluña. En abril, el presidente de la compañía, Juan Abarca, expresó en LinkedIn que resulta «doloroso, difícil de comprender y de justificar que se exija a quien presta el servicio continuar asumiendo pérdidas, con tarifas entre un 20 % y un 40 % por debajo del valor de mercado».

Esta decisión se podría enmarcar dentro de una negociación entre aseguradoras y prestadores del servicio, ya que esta situación no sería beneficiosa para ninguna de las partes. Desde la mutualidad, sin embargo, mantienen el silencio y aseguran a Redacción Médica que se mantienen «casi todos los especialistas» que estaban en el concierto anterior. Los afectados, sin embargo, no opinan lo mismo.

A CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, se le han sumado en las reclamaciones otros como Jupol, el mayoritario entre la Policía Nacional, que también son beneficiarios de Muface. En concreto, Jupol ha emitido una reclamación formal contra Adeslas por «múltiples incumplimientos en el nuevo concierto sanitario 2025-2027».

La situación, según afirman desde el sindicato policial, también afecta a hospitales de los grupos Quirón y Vithas, así como a especialidades esenciales como neurocirugía, oncología y cirugía cardiovascular. En ciudades como Zaragoza, Barcelona, Huesca y Lérida, se han detectado más de 60 facultativos y al menos un hospital omitido, lo que podría suponer «un grave incumplimiento del concierto que conlleva sanciones económicas, según el Anexo 7 del acuerdo».

Los cuadros médicos, «irreconocibles»

Una agrupación de funcionarios ha creado la plataforma Muface-Sí, que ha elaborado un informe comparativo entre los cuadros médicos de 2024 y 2025. Según esta investigación, se ha producido una «disminución significativa», siendo mayor en algunas provincias, donde se habría reducido más de un 50 % con una de las compañías. «Los nuevos cuadros médicos de Muface han quedado irreconocibles. Comparados con cualquier póliza privada, son un recorte brutal. Menos médicos, menos hospitales, más listas de espera», comentan desde la asociación.

De esta situación ya avisó la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) hace semanas, cuando afirmó que la «exigua» remuneración hasta ahora ofrecida a los centros sanitarios privados españoles por parte Adeslas y Asisa ponía «en peligro» la viabilidad del modelo y «en jaque» la atención a los mutualistas.

A pesar de que las aseguradoras han recibido un aumento del 41,2 % del presupuesto, ASPE considera que han ofrecido una remuneración «insuficiente» a los centros y los profesionales sanitarios, lo que llevará a un agravamiento de las pérdidas económicas y a una crisis de accesibilidad en el mutualismo.