El PP se alinea con izquierda y separatistas para tramitar la ley que castigará con cárcel las terapias de conversión

El Congreso de los Diputados ha dado este martes su visto bueno a la tramitación de la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE, que busca tipificar como delito y castigar con penas de prisión las llamadas terapias de conversión.

La iniciativa legislativa ha superado este primer trámite parlamentario con el respaldo mayoritario de los grupos de la Cámara Baja, a excepción de Vox, que ha votado en contra. Por ende, el Partido Popular se ha unido a la izquierda y los separatistas para votar a favor de la propuesta del PSOE que pretende imponer penas de cárcel para quienes lleven a cabo este tipo de terapias. A partir de ahora, el Congreso comenzará el debate y análisis del texto en comisión.

El texto promovido por el grupo socialista propone reformar el Código Penal para incluir como delito la aplicación de métodos, técnicas o procedimientos de conversión, ya sean físicos, psicológicos o farmacológicos, destinados a reprimir o suprimir la diversidad sexual o de género. Las penas contempladas oscilan entre seis meses y dos años de prisión.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez denunció que estas prácticas constituyen «una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir, que es ser obligado a odiarse, ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o identidad de encima». Además, afirmó que «sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o ‘coaches’ que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (...) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas».

Gutiérrez insistió en la necesidad de que estas «torturas» cesen en España, y subrayó que el objetivo de la norma es que «quien aplique, promueva o financie estas prácticas se siente en el banquillo».

Formaciones como BNG, Podemos, EH Bildu y ERC coincidieron en calificar estas terapias de «tortura», mientras que el PNV las consideró una «aberración» que genera sufrimiento y trauma. Desde Sumar, por su parte, se aludió a ellas como «prácticas que atentan contra la dignidad de las personas».

Algunos portavoces parlamentarios criticaron al PSOE por no haber apoyado una propuesta anterior, presentada en febrero, que ya reclamaba la penalización de estas terapias y que también incluía medidas de protección y reparación para las víctimas. Acusaron a los socialistas de presentar esta nueva proposición de ley coincidiendo con el mes del Orgullo.

Por su parte, el diputado del PP Jaime Miguel de los Santos afirmó que defender los derechos del colectivo LGTBI es defender los derechos de toda la sociedad, y que en este objetivo hay unidad: «En eso estamos todos unidos, por más que la izquierda esté empeñada en levantar muros».

Desde Vox, María de la Cabeza Ruiz calificó la proposición de «aberración», acusando al PSOE de pretender encarcelar «a personas inocentes» y atentando contra la libertad individual, de conciencia y de religión.

El articulado de la proposición de ley establece penas de prisión para quien «aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión (...) con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral».

En los casos en que la víctima sea menor, exista violencia, abuso de una posición de superioridad o fines lucrativos, se propone aplicar la pena en su mitad superior. Asimismo, se contempla la inhabilitación de entre tres y cinco años para el ejercicio de profesiones relacionadas con la educación, el deporte o el ocio.

Además, en caso de que los delitos sean cometidos por personas jurídicas, se prevén multas de seis meses a dos años, así como la posible disolución de la entidad, suspensión de actividades, cierre temporal de locales o pérdida del acceso a subvenciones y ayudas públicas.