Las asociaciones provida acusan a Sanidad de «imposición e intimidación» tras las nuevas medidas sobre el aborto

Este jueves, el Ministerio de Sanidad remitió una carta a las comunidades autónomas instándolas a garantizar el acceso efectivo y equitativo al aborto en todo el territorio. En la misiva, firmada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se advierte de la posibilidad de emprender acciones legales si no se facilita esta prestación en la sanidad pública.

El anuncio se realizó a través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), en el que el departamento que encabeza Mónica García señala además que próximamente se publicará un informe sobre la aplicación autonómica de la ley del aborto, cuyo contenido podría tener consecuencias jurídicas.

Ante estas medidas que atacan claramente a la vida, en la línea de las políticas tomadas por el gobierno de PSOE y Sumar, las asociaciones provida alzan la voz y consideran que la «amenaza, imposición e intimidación son las únicas herramientas de los interesados en el aborto» ante la imposibilidad –a su juicio– de sostener sus argumentos frente a la verdad y la realidad de lo que supone un aborto.

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de asociaciones Provida, critica que se intente obligar a los profesionales sanitarios a practicar abortos, cuestionando si esta intervención reúne verdaderamente las características de un acto médico. Asimismo, se preguntan por qué tantos médicos se niegan a llevarlos a cabo y si es legítimo que desde la administración se intente imponer determinadas prácticas en hospitales públicos, pasando por alto la objeción de conciencia.

Asimismo, denuncia lo que consideran un esfuerzo deliberado por ocultar a las mujeres información completa sobre las consecuencias físicas y psicológicas del aborto, así como las ayudas disponibles para afrontar un embarazo en situación de dificultad. Se muestran especialmente críticos con la persecución a quienes ofrecen apoyo a mujeres embarazadas y con la falta de recursos destinados a atender a madres e hijos con enfermedades o necesidades especiales.

La federación plantea, además, interrogantes sobre la ética de destinar fondos públicos al aborto en lugar de reforzar el sistema sanitario en ámbitos como la atención a enfermedades crónicas, la dependencia o la reducción de listas de espera. En su opinión, estas políticas reflejan un alejamiento de la ciencia, la conciencia y el sentido común, y denuncian que detrás de ellas solo queda el recurso al miedo y a la coacción frente a quienes defienden el derecho a la vida.