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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del curso políticoEuropa Press

Sánchez defiende a España como país «seguro y tolerante» pese a triplicarse las violaciones durante su mandato

Este crecimiento es aún más significativo si se analiza la evolución desde 2019, primer año completo de los socialistas en el Palacio de la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes balance del curso político en La Moncloa, donde ha destacado que España un país «seguro, abierto y tolerante» ante la estimación de la llegada de más de 100 millones de turistas durante 2025. Sánchez ha ido más allá al afirmar que España es «casi el país más seguro del mundo», unas declaraciones que sorprenden si tenemos en cuenta algunos datos que ha ofrecido su propio ejecutivo y que contradicen sus palabras.

Y es que si tomamos el dato de delitos contra la libertad sexual y, especialmente, las agresiones sexuales con penetración, han mostrado una preocupante escalada desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018,. Según el último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, correspondiente al año 2024, estos delitos alcanzaron un nuevo máximo: 5.206 casos registrados en todo el país. Esta cifra, elaborada con datos aportados por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, revela una tendencia alarmante que pone en entredicho la eficacia de las políticas adoptadas en esta materia.

Cataluña (1.742 casos), la Comunidad de Madrid (664) y Andalucía (625) fueron las comunidades autónomas con mayor número de agresiones sexuales con penetración registradas en 2024. Por el contrario, La Rioja (15), Cantabria (43) y Extremadura (56) presentaron las cifras más bajas.

Este crecimiento es aún más significativo si se analiza la evolución desde 2019, primer año completo con Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Entonces se contabilizaron 1.878 agresiones sexuales con penetración, un 9,4 % más que en 2018. En 2020, debido a las restricciones por la pandemia de la covid, los casos descendieron a 1.602. Sin embargo, a partir de 2021 comenzó un repunte constante: 2.143 casos en 2021, 2.870 en 2022, y un fuerte salto a 4.875 en 2023, lo que supuso un incremento del 69,8 % respecto al año anterior.

En solo cinco años, este tipo de delitos se ha incrementado en un 177 %, lo que equivale a más del triple respecto a las cifras iniciales del mandato socialista. Este fenómeno ha generado gran controversia, especialmente por la entrada en vigor de leyes impulsadas por el Ejecutivo que, según diversos informes y críticas judiciales, habrían contribuido involuntariamente al problema.

Entre ellas, destaca la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del «solo sí es sí». Esta norma, aprobada en 2022, unificó los delitos de abuso y agresión sexual, modificando los márgenes de las penas y provocando, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la revisión y rebaja de condena de más de mil agresores sexuales, así como la excarcelación de varios centenares. Aunque se realizaron modificaciones posteriores para corregir este efecto, el daño ya estaba hecho.

A ello se suma la aprobación de la ley trans en 2023, que introdujo la autodeterminación de género. Esta medida ha generado críticas en sectores jurídicos y sociales por sus consecuencias colaterales, incluyendo un incremento de las agresiones sexuales con penetración registradas como cometidas por personas inscritas como mujeres. Los datos del Ministerio del Interior indican que estos casos pasaron de 25 en 2019 a 174 en 2023, lo que representa un crecimiento del 596 %.

Pese a que el aumento de 2024 (6,7 %) es el menor desde 2020, el contexto sigue siendo preocupante. En total, durante los seis años de gobierno socialista se han acumulado 18.574 agresiones sexuales con penetración, consolidando este delito como uno de los grandes desafíos del Ejecutivo en materia de seguridad y justicia. Aunque es cierto que el problema viene de años anteriores –en 2017 y 2018 se registraron 1.382 y 1.702 casos, respectivamente–, la aceleración de esta tendencia ha sido especialmente notoria durante el actual mandato.

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