Fundado en 1910

La ministra de sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad este miércolesEuropa Press

Mónica García avisa que si se sigue frenando el estatuto marco se le condenará a un cajón

La ministra ha considerado inviable incluir algunas de las demandas sindicales, como la jubilación anticipada o la revisión de las retribuciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado este miércoles su disposición a mantener cuantas reuniones resulten necesarias en torno al nuevo estatuto marco del personal sanitario. No obstante, ha advertido que si el anteproyecto no alcanza el Consejo de Ministros antes de que concluya el otoño, se corre el riesgo de que vuelva a quedar relegado y olvidado.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa posterior al pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el que se ha consensuado con las comunidades autónomas una hoja de ruta para reanudar el diálogo en septiembre. El calendario establece encuentros con los sindicatos los días 2 y 5, y posteriormente, reuniones técnicas con representantes autonómicos los días 9 y 10. Tras ello, se convocará el Foro Marco del Diálogo Social, que aglutina al Ministerio, las organizaciones sindicales y las autonomías, antes de elevar el texto al Consejo de Ministros, al tratarse de un anteproyecto legislativo.

García ha recordado que será en ese momento, y no antes, cuando se incorpore la memoria de impacto económico que algunos consejeros del Partido Popular han exigido anticipadamente. «Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real», ha explicado la ministra.

En cualquier caso, ha subrayado que, como sucede con otras mejoras laborales, la financiación de esta normativa procederá mayoritariamente del Estado a través de los Presupuestos Generales. Por ello, no se tratará de una partida finalista, sino que corresponderá a cada comunidad autónoma decidir su aplicación concreta.

Pese a su voluntad de diálogo, García ha reiterado que no presentar el texto ante el Consejo de Ministros «a lo largo del otoño de este año sería condenarlo a meterlo en un cajón». Ha denunciado además que ha recibido numerosas presiones para abandonar la reforma. Según ha afirmado, ha tenido que hacer frente a «ataques personales» contra ella, el secretario de Estado, el Ministerio y el propio Gobierno, cuyo objetivo ha sido «desincentivar empujar esta ley».

La ministra también ha criticado la proliferación de «bulos, mentiras y fake news» difundidos para poner a sus compañeros en contra de la iniciativa. En ese sentido, ha recalcado su compromiso: no piensa «dejarse amedrentar», ni «bajar los brazos ni dejar pasar la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios».

Pese a reconocer que el proceso ha sido complejo y plagado de obstáculos, Sanidad está decidida a «dejarse la piel» en alcanzar un texto final. La propuesta actual, que lleva cerca de tres años en debate y ha sido objeto de 38 reuniones, está «consensuada en un 95 %» con el sector. El documento contempla 116 artículos, 25 disposiciones adicionales y nueve transitorias.

Sin embargo, la ministra ha considerado inviable incluir algunas de las demandas sindicales, como la jubilación anticipada o la revisión de las retribuciones, por no estar entre las competencias del Ministerio de Sanidad. Además, ha recordado que un estatuto marco establece un marco general, que «no habla nunca ni puede hablar nunca» de esas cuestiones concretas.

Respecto a las guardias obligatorias, objeto de protesta por parte de Apemyf –asociación de médicos jóvenes que se ha concentrado este miércoles ante el Ministerio–, García ha sido tajante al señalar que «la atención a la urgencia de la ciudadanía no puede ser voluntaria». Según ha afirmado, algunas demandas son inasumibles porque comprometen la viabilidad del Sistema Nacional de Salud: «Lo podemos llamar guardia, lo podemos llamar como queramos, pero es atención a la urgencia y eso no puede ser voluntario», ha zanjado.

Pese a estas diferencias, la ministra ha reivindicado el contenido del nuevo estatuto marco, que a su juicio incorpora «innumerables» avances, como la reducción de las guardias a 17 horas o la erradicación de la precariedad laboral. «Este texto va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas», ha asegurado.