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Sede provincial de Muface en Madrid

Sede provincial de Muface en MadridRodrigo Díez

La crisis de Muface se salda con 65.000 funcionarios migrando a la Seguridad Social

La inseguridad de muchos mutualistas sobre la continuidad de su seguro médico y el «deterioro de la calidad asistencial» ha provocado que permuten a la sanidad pública

Meses de negociaciones, idas y venidas entre el Gobierno y las aseguradoras en los que la continuidad del concierto médico para los mutualistas de Muface no estuvo asegurada. Así han pasado buena parte del 2025 los más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias que pertenecen a esta mutualidad.

Aunque una notable subida de primas hizo que finalmente Adeslas y Asisa decidiesen continuar en el concierto, DKV rechazó seguir formando parte del modelo, obligando a cerca de 200.000 usuarios a cambiarse de aseguradora. Pese a que los funcionarios tienen ahora garantizada su sanidad concertada por –al menos– tres años más, muchos de ellos han decidido migrar a la sanidad pública, en concreto 64.650 servidores públicos entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Esto se debe, en parte, a la inseguridad generada sobre la continuidad del modelo que, aunque amarrado hasta 2027, aún planea sobre los mutualistas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario entre la función pública, considera que esta permuta se debe también al «deterioro de la calidad asistencial» y ha avisado de que estará vigilante y si el Gobierno «no da una solución» que garantice las prestaciones sanitarias y la adecuada prestación asistencial, retomarán las movilizaciones después del verano para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sistema del mutualismo administrativo a medio plazo.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) defienden que el éxodo se debe a factores ajenos a la prestación asistencial, como «las dificultades e incertidumbre generadas durante el proceso de renovación del concierto sanitario», así como a «la reconfiguración del mapa de entidades participantes en dicho acuerdo».

«Estos elementos, acumulados en un breve periodo de tiempo, provocaron un fenómeno extraordinario de movilidad, que no puede interpretarse como un reflejo estructural de insatisfacción con la sanidad concertada», apunta la Alianza.

«Delicada» situación financiera

CSIF ha vuelto a poner el foco en la delicada situación financiera del sistema sanitario que atiende a cerca de 1,5 millones de personas, entre funcionarios en activo, jubilados y sus beneficiarios. Desde el sindicato denuncian que la financiación actual resulta claramente insuficiente para mantener el modelo vigente y garantizar una atención sanitaria de calidad, más aún tras el incremento de costes derivados del nuevo concierto sanitario y del crecimiento del número de mutualistas que eligen acudir a la sanidad pública.

Según estimaciones de Muface, el ejercicio podría cerrarse con un déficit de más de 64 millones de euros (64.137.688,98 €), cifra que atribuyen a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha impedido ajustar los ingresos al aumento del gasto. Desde CSIF advierten de que esta situación coloca las cuentas sanitarias «en números rojos», comprometiendo la sostenibilidad del sistema.

Ante este escenario, se han tenido que aplicar ajustes presupuestarios de urgencia, algunos de los cuales han sido cubiertos con el remanente de tesorería, ya que no era viable recortar otras partidas presupuestarias. Esta maniobra ha supuesto un drástico descenso en las reservas económicas de la mutualidad, que han pasado de contar con 282 millones de euros a apenas 7,9 millones en lo que va de año, lo que deja al sistema en una posición financiera extremadamente vulnerable.

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