​Un juez de EE.UU. protege a las instituciones religiosas y frena la cobertura obligatoria de abortos

En 2022, el que fuera presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (PWFA), que obligaba a las empresas con más de 15 empleados a garantizar cobertura sanitaria vinculada al embarazo, el parto y otras condiciones médicas. En 2023, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) fue más allá e incluyó el aborto, la fecundación in vitro y los vientres de alquiler entre los tratamientos que debían cubrir los seguros médicos.

Dos años después, el juez federal David Joseph ha emitido una orden que restringe la capacidad de la EEOC para obligar a diversas instituciones católicas y a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos a aceptar estas controvertidas prácticas que van en contra de sus ideas. Asimismo, el bloqueo impide que se apliquen multas o se inicien investigaciones contra los profesionales que se nieguen a ofrecer estos servicios. La orden es provisional, pero seguirá vigente hasta que avance o se resuelva el caso judicial.

Con esa resolución, la Comisión podría exigir ajusten cuando el aborto estuviese relacionado con problemas de salud (como ansiedad, náuseas o cambios hormonales). Sin embargo, ahora, y gracias al juez, los demandantes católicos están completamente exentos de aplicar la norma cuando contradiga la doctrina cristiana.

Se presentó una demanda en 2024

En un primer momento, la Conferencia Episcopal apoyó la puesta en marcha de la PWFA, ya que afirmó que promovía mejores condiciones de salud para madres e hijos. Sin embargo, un año después, cuando la EEOC lo puso en marcha, consideró que se habían excedido con las decisiones y presentó en 2024 una demanda. El motivo es que, según su propio criterio, «favorecía el aborto», y esto suponía la vulneración de la libertad religiosa.

Al considerar que la EEOC se había excedido, presentó una demanda en 2024. Según la Conferencia Episcopal, la norma transformaba una ley de protección en un mandato que favorecía el aborto, lo cual suponía una vulneración de la libertad religiosa y sus políticas provida, anota el medio católico Infocatólica.

El caso fue asumido por Becket Fund for Religious Liberty, institución jurídica que protege a todas las religiones, quienes garantizaron que esta ley impedía a las empresas a llevar a cabo sus políticas provida. Además, esto podía llevar a problemas con las mujeres que decidían acabar con la vida de sus fetos. Esto, afirmaron, podría haber abierto sanciones graves e indemnizaciones.

Aunque ahora las empresas católicas pueden no incluir en sus servicios el aborto, lo cierto es que aún no se sabe qué pasará, puesto que el litigio principal sigue abierto.