Redondo no garantiza que con un nuevo traslado de datos no se produzcan errores con las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que no es posible asegurar con total certeza que no se produzcan errores en una futura migración de datos de los dispositivos Cometa, en caso de que la gestión de estos sistemas pase a manos de una nueva empresa. A pesar de esta limitación, Redondo ha subrayado que las pulseras antimaltrato «funcionan bien y salvan vidas».

Durante una entrevista concedida al programa Hora 25 de la Cadena SER este lunes por la noche, la titular de Igualdad ha detallado que el mayor volumen de incidencias en estos dispositivos se produjo en el proceso de transición entre dos sistemas tecnológicos distintos, un periodo que abarcó de junio a noviembre de 2024. En esos meses, se registraron dificultades técnicas que impidieron acceder correctamente a los historiales de los agresores.

«Son incidencias técnicas de un sistema muy complejo», explicó Redondo, quien insistió en que «lo que siempre hemos hecho es estar al tanto, responder y solucionar los problemas técnicos que detectamos». En este sentido, ilustró con un ejemplo concreto: «el sistema no discrimina si un acercamiento es doloso o fortuito. Es decir, un agresor puede pasar cerca de la víctima en un autobús y pita la alerta porque se ha traspasado el número de metros que establece la sentencia».

La ministra matizó que la imposibilidad de acceder a los historiales no fue absoluta en todos los casos, sino que la migración de datos resultó especialmente complicada y se prolongó casi hasta finales de noviembre de 2024. No obstante, aseguró que «todas esas incidencias se resolvieron, se estuvo sobre ellas, se respondió y se aplicaron los protocolos de seguimiento, que son muy complejos».

Redondo explicó cómo actúa el sistema Cometa cuando se produce una alerta. En primer lugar, se contacta con la víctima para verificar su estado y localización. A continuación, se avisa a la comisaría más cercana con el fin de que se mantenga una vigilancia estrecha, y, seguidamente, se localiza al maltratador para comprobar su ubicación y comportamiento.

Respecto a la duración del actual contrato de gestión, la ministra señaló que este tiene vigencia durante treinta meses, hasta mayo de 2026. Asimismo, adelantó que el Gobierno ya está trabajando en los nuevos pliegos de condiciones, los cuales contemplarán contratos más largos, de tres años prorrogables por otros dos. Según avanzó, en dichos pliegos se incluirán requisitos para la mejora de los dispositivos y una ampliación de sus coberturas.

En su intervención, Redondo defendió la eficacia de las pulseras, afirmando que «funcionan bien y salvan vidas todos los días, están para garantizar la seguridad». Además, calificó de «ruin y mezquino utilizar a las víctimas para hacer oposición al Gobierno».

Al ser preguntada sobre si la falta de acceso a los historiales ha conllevado absoluciones judiciales, la ministra aseguró no tener constancia de ello. «Creo que la Fiscalía, cuando habló en su memoria de un número importante de casos, tuvo que rectificar inmediatamente. Es muy difícil detectar que esas incidencias llevaran a la absolución», afirmó.

Finalmente, recordó que las pulseras son solo una herramienta más dentro del proceso judicial. «No son los únicos métodos de prueba. Cuando se produce un procedimiento por quebrantamiento de condena hay otros medios de prueba, como el atestado policial o la testifical de alguna de las trabajadoras de Cometa», añadió. Para la ministra, el hecho de que se inicien estos procedimientos indica que «la pulsera funcionó bien».