Crece el uso de acuerdos privados para garantizar los cuidados a dependientes

En España hay casi 9,5 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 20 % del total de la población. Del mismo modo, un porcentaje cada vez mayor de personas mayores se encuentra en situación de dependencia y requerirá algún tipo de apoyo continuado en los próximos años. Esta combinación de envejecimiento acelerado y aumento de la dependencia está poniendo en entredicho la sostenibilidad de los sistemas públicos de cuidados y servicios sociales.

En este contexto, toma fuerza una modalidad aún poco conocida pero creciente: los pactos asistenciales, acuerdos –frecuentemente formalizados ante notario– mediante los cuales una persona mayor o dependiente acuerda con familiares o terceros un compromiso de cuidado a cambio de parte de su patrimonio, por ejemplo mediante la cesión de un inmueble o de ahorros.

Estos contratos ofrecen una alternativa a residencias o servicios de atención domiciliaria tradicionales, pero también plantean nuevos debates sobre la desigualdad, la regulación jurídica y la confianza en un sistema de cuidados que muchas familias consideran insuficiente.

Según el profesor Daniel Rueda Estrada, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), «los pactos asistenciales son acuerdos entre una persona mayor con limitaciones de atención y otra persona o entidad que se compromete a ofrecer esa asistencia». Los servicios que pueden incluir van «desde la higiene, la movilidad, la limpieza y organización del hogar hasta el acompañamiento sanitario, el control de medicación y el apoyo emocional o psicológico».

El profesor advierte que el modelo público no cubre toda la demanda, ya que existe un déficit de plazas residenciales públicas: en España se estiman que hacen falta más de 89.000 nuevas plazas para alcanzar la ratio recomendada.

Además, la ayuda a domicilio y la teleasistencia no llegan a todas las necesidades, principalmente por la insuficiencia de horas asignadas y cobertura efectiva. Las familias se ven obligadas a buscar soluciones propias: cuidadoras privadas o estos pactos asistenciales.

El coste de una plaza residencial puede superar los 2.000 euros al mes, y una atención domiciliaria intensiva puede oscilar entre 1.200 y 1.500 euros al mes, según estudios del sector. Rueda lo resume así: «El sistema público de atención a la dependencia continúa siendo lento, desigual e insuficiente según la comunidad autónoma, y esto hace que muchas familias busquen soluciones propias».

También advierte sobre otro factor clave: el incremento de personas mayores que viven solas o en situaciones de aislamiento social. «Muchas de estas situaciones de soledad pasan desapercibidas, pero explican el crecimiento de estas fórmulas contractuales», afirma. Sin embargo, señala que no todas las personas pueden costear un contrato privado, lo que pone de manifiesto desigualdades sociales y la incapacidad de muchas familias para afrontar esta realidad creciente.

Seguridad jurídica y necesidad de regulación

En el plano legal, la profesora de la UOC Tatiana Cucurull señala que en el derecho común español no existe una regulación específica para los pactos asistenciales; se rigen por la normativa contractual general. En cuanto a garantías, Cucurull aclara que si el prestador de cuidados incumple su obligación, el beneficiario o sus herederos pueden pedir la resolución del pacto y la restitución de los bienes transmitidos, así como posibles indemnizaciones. No obstante, prueba del incumplimiento y valoración de la calidad del cuidado pueden resultar complejas.

Estos pactos deben formalizarse ante notario, lo que les otorga carácter público, identidad, fecha y contenido legalmente probatorios. Aun así, la experta opina que «sería beneficioso para la promoción y la protección de estos pactos disponer de un marco jurídico que los regule expresamente», lo que aportaría mayor seguridad y confianza para las partes implicadas.

Cuidar el cuerpo… y también el alma

Para Rueda, los pactos asistenciales sólo tienen sentido si se entienden desde una perspectiva integral del cuidado. «No se trata solo de estar limpio y bien alimentado: las personas somos seres sociales con necesidades de relación y afecto», afirma. El cuidado debe abordar también las dimensiones emocionales, culturales y sociales de la persona mayor o dependiente.

En última instancia, añade que lo que está en juego no es solo una solución práctica ante la dependencia, sino la calidad de vida y la dignidad en el envejecimiento. «El cuerpo es importante, pero también lo es el alma», concluye el profesor, recordándonos que garantizar una vejez acompañada y digna es responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad en su conjunto.