Los vientres de alquiler podrían prohibirse en la Unión Europea.
El mercado de los vientres de alquiler, en auge: «Podría superar los 200.000 millones de euros»
El propósito del evento ha sido examinar las implicaciones éticas, legales y políticas de esta controvertida práctica en Europa
A las puertas del Día Internacional de los Derechos del Niño, el Parlamento Europeo ha acogido este miércoles la conferencia Subrogación: un desafío ético y político para Europa, una charla que ha reunido a miembros de la Eurocámara, expertos internacionales, organizaciones de derechos humanos y personas directamente afectadas por los vientres de alquiler, una práctica creciente en nuestra sociedad.
El propósito del evento ha sido examinar las implicaciones éticas, legales y políticas de esta controvertida práctica en Europa y evaluar cómo la Unión Europea puede proteger los derechos de las mujeres y los niños frente a una industria global en rápido crecimiento.
Uno de los comentarios más destacados vino de Italia, una de las naciones líderes en el movimiento global hacia la abolición universal de los vientres de alquiler. Eugenia Roccella, ministra italiana de Familia, Igualdad de Oportunidades y Tasa de Natalidad, ha subrayado la necesidad de un enfoque basado «en los derechos humanos» en lugar de «uno guiado por la dinámica del mercado o el deseo individual».
Por su parte, Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, ha subrayado las conclusiones de su reciente informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que los vientres de alquiler, en todas sus formas, incluida la llamada gestación subrogada «altruista», es reconocida como «una forma de violencia contra las mujeres». Además, ha instado a los Estados a trabajar por su abolición universal mediante la creación de un tratado internacional.
Al hilo, los expertos han destacado el crecimiento exponencial del mercado global de vientres de alquiler valorado en casi 20 millones de euros en 2024 y proyectado para alcanzar los 174.700 millones de euros en 2034 (Global Market Insights). Esta expansión, afirman desde Casablanca, supera las salvaguardas legales y corre el riesgo de crear «un reconocimiento de facto transnacional de los contratos» mediante la práctica y no la toma de decisiones democráticas.
La sociedad civil también ha estado presente. Organizaciones de Europa, Francia, España, Bruselas y Estados Unidos, han compartido un principio común: no existe un derecho a tener un hijo, pero sí existen los derechos del niño, que «no pueden ser negociados ni comercializados».
Finalmente, los participantes han pedido garantizar que el Certificado Europeo de Paternidad no abra vías indirectas para legalizar los vientres de alquiler donde está prohibida, proteger el derecho del niño a su identidad y origen, rechazar toda forma de mercantilización del cuerpo humano y promover un tratado internacional que la aboliera completamente.
