Un abogado alerta de los riesgos de incluir el aborto en la Constitución: «Es una manipulación del lenguaje»

El 13 de octubre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció tras el Consejo de Ministros que los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución estaban aprobados. La intención del Gobierno por avanzar en la cultura de la muerte es clara. Ya no solo por esta decisión, sino por la presión de la ministra de Sanidad, Mónica García, para perseguir a los médicos que no quieren realizar estas prácticas destructivas.

A pesar de su empeño, las titulares de las carteras de Sanidad e Igualdad saben que el proceso para que esa reforma salga adelante es casi imposible. Primero, el Consejo de Estado debe emitir un dictamen obligatorio, aunque no sea vinculante. Luego, el anteproyecto tendría que pasar por las Cortes Generales, donde para aprobarse necesitaría los votos del Partido Popular. Pero este partido ya ha dicho que está en contra, así que la reforma tiene pocos visos de prosperar.

En una entrevista de Iván Hernández Valls, estudiante de Historia y Periodismo, a Fernando Simón Yarza, abogado y catedrático de Derecho Constitucional, afirma que esta decisión contradice «la protección de la vida y la justicia», y que, además, tiene profundas «implicaciones morales y sociales».

Simón Yarza sostiene que la Constitución de 1978 parte de una premisa clara y es que «la vida de todos los seres humanos merece protección». Esto, revela, lo recoge el artículo 15. Para el catedrático, el «no nacido» es un ser humano y, por tanto, su exclusión de la protección constitucional sería «incoherente con el espíritu del texto original». Señala además que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce derechos a todo ser humano, lo cual incluye al embrión o feto en una interpretación biológica y no meramente jurídica de la personalidad.

Al hilo, recuerda que si esto avanza, España sería, tras Francia, el segundo país en introducir explícitamente el aborto en su Constitución. Para Simón Yarza, esto no tendría «grandes efectos prácticos inmediatos», puesto que la sentencia del Constitucional ya reconoce ese derecho. Sin embargo, subraya, sí implicaría «un fuerte impacto simbólico», ya que se consolidaría una cultura jurídica y social que desprotegería la vida en sus etapas iniciales.

Preguntado por la sentencia del Constitucional en el año 2023, el experto critica que esto reconoció el aborto como «una manifestación del derecho de autonomía personal», a pesar de que este derecho no aparece expresamente en la Constitución. A su juicio, el fallo supone «pisotear la vida del no nacido» y alejarse del sentido objetivo de la Carta Magna y de las normas internacionales.

Desde una perspectiva moral, Yarza comenta a Iván Hernández Valls que rechaza la idea de que el aborto pueda presentarse como una mera «interrupción voluntaria del embarazo». Lo considera un eufemismo que suaviza la realidad: la eliminación de una vida humana. En su análisis, la normalización social del aborto se inscribe dentro de lo que denomina «cultura de la muerte», una lógica que, según él, alimenta el individualismo, la decadencia moral y el declive demográfico en España.

En este sentido, el catedrático subraya la importancia del lenguaje en el debate público. Critica la terminología institucional que, a su juicio, disimula la gravedad del acto. Sostiene que hablar de «interrupción» cuando se produce la muerte de un feto contribuye a ocultar la realidad biológica y dificulta la construcción de un diálogo honesto, informado y riguroso. Así, denuncia que esto es «una manipulación del lenguaje», ya que es una palabra empleada por el Gobierno y todos sus socios.

Por último, el también profesor asegura que esto responde a «una estrategia» destinada a reactivar la «polarización social» y desviar la atención de otros muchos temas. Ejemplo de ello, asegura, es el alejamiento a la sociedad de cuestiones como la economía, la corrupción de su propio partido o la su familia. Y esto lo hace abriendo «heridas morales», como el aborto.