El Gobierno «intenta silenciar informaciones que no le gustan» con la ley de rectificación

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no ha escatimado en palabras a la hora de enumerar los peligros a los que los ciudadanos se enfrentan cuando el derecho de rectificación no está bien regulado o adaptado al «nuevo ecosistema» de los medios: «Injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras».

Por eso, presentó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, aprobado en segunda vuelta y ya listo para su remisión al Congreso.

El texto introduce como novedades la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho a la rectificación no solo en medios de comunicación tradicionales, sino también en plataformas digitales y frente a los usuarios relevantes –es decir, influencers– de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las que esté presente.

La norma ha generado división entre asociaciones de periodistas y expertos en Derecho Constitucional, aunque todos la ven con reserva. «Esta teoría del Gobierno de los bulos es mentira. Si tú crees que lo que están diciendo los medios es mentira ya hay mecanismos legales, como el Código Penal o el Código Civil, que los utilicen. Intentan silenciar informaciones que no les gustan, y no creo que puedan hacerlo con esta ley», señala Leopoldo Abad, profesor de Derecho Constitucional en la especialidad de Derecho de la Información.

Abad explica que «la clave de la de la rectificación está en el grado de obligatoriedad que tienes tú como medio para publicar dicha rectificación. Si tú no tienes obligatoriedad de publicar la rectificación, nos vemos en los tribunales; será un juez entonces el que decida si lo que yo publico es verdad o no». Y sentencia: «Si te obligaran a que tú como medio tengas que rectificar una información que tú consideras que es verdadera, se estaría atentando contra el derecho a la información».

Merma de la democracia

David Delgado, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, ve una parte positiva en la norma, que es la «actualización a los nuevos medios digitales, a las nuevas tipologías de acceso, la información y a los nuevos generadores de la misma». Sin embargo, considera «que el Gobierno tenga la capacidad de decidir qué es veraz es inquietante» y que puede suponer «una merma de la calidad democrática». En definitiva, «la opinión pública libre a través de los medios de comunicación, que es un elemento basilar de democracia, puede acabar mermada y coartada».

Por su parte, Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha señalado que los medios tienen que convivir con el derecho a la rectificación y no critica que se incluya en este texto legal a los influencers siempre y cuando «se reconozca que no son periodistas». «Esto es a gusto del consumidor. Si alguien piensa que es un paño o un freno a la libertad de expresión, a lo mejor. Pero yo sinceramente creo que no es el caso».

Otro de los puntos polémicos de la norma surge de una incorporación a la norma que el Gobierno ha hecho de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano señala, siguiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo, que también se podrán incorporar opiniones o juicios de valor siempre que tengan relación con los hechos que se relatan en el escrito de rectificación.