Así pretende implementar el Gobierno la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos «de odio e ilegales».

Sánchez ha anunciado estas medidas, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros, durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

En primer lugar, el Gobierno propondrá una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Esto implica que altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos.

Esta medida se incluirá en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento. La reforma introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas, poniendo fin a la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión.

Por otro lado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo los pasos de otros países como Francia y Australia. Además, las plataformas estarán obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de simples declaraciones formales, garantizando barreras reales y eficaces.

Esta medida se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales. Esa prohibición, y en virtud del artículo 28 de DSA y de las directrices publicadas por la Comisión, promoverá que las plataformas y redes sociales a implantar sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.

Las plataformas y redes sociales implantan sistemas de verificación recurriendo, en primer lugar, a la externalización del proceso. En lugar de verificar ellas mismas la identidad o la edad del usuario, delegan esa función en empresas especializadas o en sistemas públicos de identidad digital. Estas entidades actúan como intermediarias y solo comunican a la plataforma si el usuario cumple o no el requisito legal, reduciendo así la responsabilidad jurídica y el tratamiento directo de datos personales.

Otro método habitual es la verificación documental, que consiste en solicitar al usuario un documento oficial (DNI o pasaporte) acompañado de una prueba biométrica, como un selfie o un breve vídeo. El sistema compara automáticamente la imagen con el documento y valida la identidad o la edad. Para ajustarse a la legislación de protección de datos, las plataformas suelen cifrar la información, limitar su uso exclusivamente a la verificación y eliminarla una vez completado el proceso.

Cuando la ley exige comprobar la edad pero no la identidad, muchas plataformas utilizan sistemas de estimación de edad basados en inteligencia artificial. Estos mecanismos analizan rasgos faciales para determinar si una persona supera o no un umbral legal (por ejemplo, 18 años), sin identificarla nominalmente. Aunque generan debate jurídico, se consideran aceptables si no almacenan imágenes ni crean perfiles permanentes.