La Fundación IDIS carga contra el anteproyecto que limita la gestión privada en la sanidad

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha presentado un documento de aportaciones al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero y actualmente en trámite de audiencia pública en el Ministerio de Sanidad. La entidad, que agrupa a las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario, afirma que su objetivo es contribuir al análisis del texto «en defensa de la sostenibilidad, calidad y accesibilidad del sistema sanitario».

IDIS arranca su comunicado reiterando su compromiso con un sistema sanitario «equitativo, universal, sostenible y de calidad asistencial», así como con una colaboración público-privada basada en la transparencia, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, siempre orientada al beneficio del paciente. Sobre estos principios construye una batería de críticas a un anteproyecto que, a su juicio, no solo no reconoce el papel estructural de la sanidad privada dentro del SNS, sino que pretende relegarlo mediante restricciones normativas.

Modelos de gestión

Uno de los ejes del documento es la defensa de una evaluación rigurosa y homogénea de todos los modelos de gestión, con independencia de su titularidad. La Fundación reclama mejorar los mecanismos de control y evaluación comparativa de resultados clínicos, seguridad, productividad y eficiencia en todas las instituciones sanitarias, tanto de gestión directa como indirecta, como vía para reforzar la transparencia y la mejora continua del sistema.

Uno de los ejes del documento es la defensa de una evaluación rigurosa y homogénea de todos los modelos de gestión

IDIS subraya además que el sistema sanitario privado «es y quiere seguir siendo, como ocurre en otros países europeos, un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud», contribuyendo a su funcionamiento desde la confianza institucional, la seguridad jurídica, la visión a largo plazo y la garantía de calidad, «siempre dentro de un marco de control público y transparencia». Frente a ello, considera que el anteproyecto representa «un ataque frontal» a la colaboración público-privada al tratarla como algo excepcional y no como un elemento estructural del sistema sanitario español.

Restringir colaboraciones

Según la entidad, las medidas orientadas a restringir o minimizar esa colaboración son «contrarias a los intereses de los pacientes», porque merman la capacidad del sistema para responder con agilidad a las necesidades asistenciales y «limitan el rol del sector privado», lo que, advierte, supone una traba a la inversión, a la innovación y al uso eficiente de los recursos. En esta línea, rechaza «cualquier fórmula que ralentice o dificulte» la tramitación de mecanismos de colaboración, e insiste en que transparencia y supervisión deben ser compatibles con procedimientos ágiles que permitan atender adecuadamente la demanda.

La Fundación critica con especial dureza la prohibición de las concesiones administrativas y los convenios exclusivamente a hospitales privados sin ánimo de lucro

La Fundación critica con especial dureza dos aspectos del texto, por un lado, la prohibición de las concesiones administrativas que conlleven obra y prestación de servicios sanitarios y, por otro, la limitación de la vinculación a la red pública mediante convenios exclusivamente a hospitales privados sin ánimo de lucro. A su juicio, estas medidas serían «lesivas para la eficiencia y la calidad» del sistema, al eliminar fórmulas de colaboración que han permitido desarrollar modelos como los de concesión de infraestructuras y gestión integral de centros.

Complicaciones

Otro de los argumentos de IDIS es la creciente complejidad de la atención sanitaria, que hace «inviable» que el Estado pueda ser proveedor único de todas las necesidades de la población. Recuerda que el SNS funciona hoy como un sistema plural en el que participan el sector público, proveedores privados concertados, el mutualismo administrativo y las mutuas de accidentes de trabajo, entre otros, lo que permite incentivar la calidad y la innovación en beneficio del conjunto.

El comunicado advierte también del posible impacto competencial del anteproyecto

El comunicado advierte también del posible impacto competencial del anteproyecto, al considerar que determinadas disposiciones pueden suponer una invasión de las competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de gestión sanitaria, generando incertidumbre en su aplicación. La entidad alerta, además, de que las restricciones propuestas serían «especialmente graves» si se extendieran al ámbito sociosanitario, donde la mayoría de plazas en toda España son privadas concertadas con el sector público.

IDIS se posiciona expresamente en contra de la derogación de la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, uno de los pilares de la nueva norma, al considerar que esa ley ha permitido el desarrollo de fórmulas de colaboración necesarias para sostener el funcionamiento del sistema sanitario español. A su entender, eliminar ese marco dejaría a las comunidades con menos herramientas para responder a picos de demanda, reducir listas de espera o incorporar innovación en la gestión.

La Fundación IDIS reitera su voluntad de seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario

En su mensaje final, la Fundación IDIS reitera su voluntad de seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario desde los principios de calidad asistencial, sostenibilidad, transparencia y orientación al paciente. Recuerda que el sector privado resulta «imprescindible» para responder a las necesidades asistenciales y reforzar la eficiencia y accesibilidad del sistema, y reclama que los procesos de reforma incorporen la participación de todos los agentes implicados, confiando en que sus aportaciones en esta fase de audiencia pública sean tenidas en cuenta antes de que la ley llegue al Parlamento.