Salen a la luz más de 100 casos de agresores y delincuentes que cambiaron su sexo

La ley trans de Irene Montero sigue siendo noticia en España. Tres años después de su aprobación, se ha demostrado que ha servido para desproteger a las mujeres y para dejarlas en minoría en ámbitos como el deporte o las oposiciones. Que esto iba a ocurrir ya se sabía. Por eso, desde antes de su aprobación varias organizaciones feministas expresaron su rechazo y advirtieron de los problemas que podía generar la «autodeterminación del sexo legal» para las protecciones basadas en la categoría jurídica «sexo» y para las «las medidas antidiscriminatorias por razón del sexo», afirmó la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

Una resolución del Portal de Transparencia facilitada a este medio con fecha de 19 de febrero de 2024 comunicó que en el primer año de vida de la ley trans, el número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas al cambio registral de la mención relativa al sexo –que consta en las bases de datos Inforeg y Dicireg– durante el ejercicio 2023 ascendió a 5.139, cuatro veces más que en el año 2022.

Ahora, dos años después, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha vuelto a repetir el proceso, aunque sin éxito. En este sentido, han denunciado que desde el portal de Transparencia han advertido de que no existe una «sistematización en la recogida de estos datos».

A su juicio, esto desenmascara una falta de interés y «de voluntad de hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto «la chapuza legislativa» que implica un concepto jurídico como la «autodeterminación» de un dato registral. Asimismo, han subrayado que se trata de «oscurantismo de las instituciones» y las acusa de no ser transparentes y negar a la sociedad información que debería tener de primera mano.

Sin embargo, gracias a su trabajo e investigación, asegura haber reunido más de un centenar de casos relacionados con los efectos que la polémica norma de Montero ha tenido sobre las mujeres. Uno de los ejemplos más sonados en España ha sido el de Canady, el sevillano que en 2023 decidió cambiarse de sexo para eludir el cumplimiento de una condena de 15 meses de cárcel por maltratar a su expareja.

Tras su estudio, la organización advierte de que la casuística documentada supera el centenar de ejemplo. Sin embargo, «no están todos», ya que el registro solo recoge los que han trascendido a los medios de comunicación. En este sentido, denuncian que se trata de «oscurantismo de las instituciones» y las acusa de no ser transparentes y negar al a la sociedad información que debería tener de primera mano.

Algunos casos registrados en el mapa

La ley promesa de la que fuera ministra de Igualdad, que según ella iba a «despatologizar al colectivo» y a establecer su «libre derecho a la determinación de la identidad de género», ha tenido el efecto contrario: ha dividido a la sociedad y al propio Gobierno, ya que Carmen Calvo advirtió que si se daba luz verde a esta norma, se iba a abolir «la potente legislación de igualdad de nuestro país».

Pese a estas advertencias, la ley salió adelante y poco después se conoció uno de los primeros casos polémicos: Un varón de Torrelodones acudió a las pruebas físicas para optar a una de las seis plazas de Policía Local y se aprovechó de su cambio de sexo para aprobar el examen y lograr la mejor nota. Este es solo uno de los ejemplos que, según la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, se han producido en España.

Así lo demuestra en un mapa la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, el cual recoge situaciones en las que personas con antecedentes por delitos graves –maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores– han solicitado y obtenido la modificación de sexo en el Registro Civil sin tener ningún tipo de problema. Ejemplo de ello fue el grave suceso del 18 de agosto, donde un ertzaina que había acudido el pasado mes de noviembre al Registro Civil de San Sebastián para cambiarse el nombre, intentó matar a su esposa con un cuchillo de cocina frente a sus hijas.

Según la organización, estos casos demuestran que en el procedimiento de cambio de sexo registral no se verifican los antecedentes penales de quien lo solicita, algo que consideran un problema grave. Por último, afirman que esta situación ha provocado en algunos casos que mujeres víctimas de maltrato «pierdan o vean retrasados» los mecanismos específicos de protección previstos en la legislación contra la violencia machista.