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el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 12 de marzo de 2024

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, en 2024Gustavo Valiente / Europa Press

Sánchez aprueba un decreto de becas ilegal por no tener fondos suficientes para su financiación

  • El Gobierno vuelve a tirar de presupuestos no aprobados y promete 2.500 millones

  • La ley señala que el presupuesto pone un tope de gasto para la Administración, y cualquier intento de superarlo carece de validez legal. Además, puede generar responsabilidades

El Consejo de Ministros anunció este martes una enorme partida para las becas correspondientes al curso 2026-2027. Moncloa se encargó, como es costumbre con las becas, de anunciarlo a bombo y platillo. «El Gobierno destina 2.559 millones a la inversión en becas, la novena subida consecutiva, y facilita el acceso a las ayudas».

En la misma información aseguran, en boca de la nueva ministra de Educación, Mercedes Tolón, que es una «inversión histórica». Pero el anuncio tiene un problema: El Gobierno no tiene fondos para pagar la millonada que promete.

La memoria de impacto normativo del decreto de becas, a la que ha accedido El Debate, señala que el coste de las convocatorias para 2026-2027 se estima en 2.559 millones, previéndose una diferencia respecto del año anterior de 79,77 millones de euros.

Según Educación esta diferencia se financiará de varias formas. Primero, «con los nuevos presupuestos para el año 2026, que arrojan un incremento [...] de 51,48 millones de euros». Además, se financiará la diferencia con las generaciones de crédito que proceden de reintegros de becas que se aprueben anualmente y que en 2025 ascienden a 104,70 millones de euros –es decir, dinero recuperado de lo que tienen que devolver los becados por incorrecto uso del dinero–, así como del reajuste de anualidades entre los ejercicios 2026 y 2027.

No es la primera vez que el Gobierno se queda sin dinero para pagar las becas y pretende usar reintegros que no se han materializado. Sánchez pretende hacer una maniobra contraria a la ley, en este caso, la Ley General Presupuestaria que le impide gastar más de lo que tiene: el artículo 46 sobre limitación de los compromisos de gasto es claro.

Señala que «los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título VII de esta ley».

Dicho de otro modo, la ley señala que el presupuesto pone un tope de gasto para la Administración, y cualquier intento de superarlo carece de validez legal. Además, puede generar responsabilidades.

Uso del dinero que devuelven los becarios para pagar los años siguientes

El Gobierno ha tenido que recurrir a reintegros de becas para pagar las del curso siguiente en más de una ocasión. La memoria del decreto de este año señala que en 2023 se generaron por la vía del reintegro 81,96 millones de euros y en 2024, 83.627,40 millones. El año pasado subió respecto a los dos años anteriores: se han generado 104,70 millones.

Por otro lado, desde Educación señalan que el decreto introduce novedades respecto al tratamiento a efectos de beca del alumnado universitario y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos, que podrán percibir parte de la beca de renta y residencia.

Otra de las novedades que subraya el ministerio es que, según explica la nota de prensa de Moncloa, «hasta ahora, los estudiantes con un grado de discapacidad de entre el 25 % y el 64% debían matricularse al menos de 60 créditos para ser considerados alumnos a tiempo completo. En las nuevas convocatorias, bastará con que se matriculen de 45 créditos para tener derecho a beca, lo que beneficiará a unos 2.000 estudiantes».

También se benefician de las novedades los estudiantes de Ceuta y Melilla que deben desplazarse a la Península: la ayuda por desplazamiento pasa de 444 a 888 euros.

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