La sanidad privada pide a retirar el anteproyecto del Gobierno por «poner en riesgo» el sistema sanitario

La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de la Comunidad de Madrid (ACHPM) ha solicitado la retirada del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud impulsado por el Ministerio de Sanidad. La organización, que representa a hospitales y clínicas privadas de la región, ha presentado alegaciones durante el trámite de audiencia al considerar que la propuesta no responde a necesidades reales del sistema sanitario y que podría tener consecuencias negativas para pacientes y profesionales.

El presidente de la ACHPM, Isidro Díaz de Bustamante, ha advertido de que limitar la colaboración público-privada no solucionará los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS). «La desaparición de la colaboración público-privada no resolverá los problemas del SNS; al contrario, puede agravar su situación y afectar directamente a los pacientes», ha señalado.

Según la Asociación, el texto legal tiene como objetivo principal la derogación de la Ley 15/1997 y la limitación práctica de la colaboración entre sanidad pública y privada, una fórmula que, recuerdan, ha formado parte del modelo sanitario español durante casi tres décadas. Aunque el anteproyecto mantiene en vigor el artículo 90 de la Ley General de Sanidad –que permite concertar servicios sanitarios con medios ajenos a la Administración–, introduce condiciones y procedimientos que, en la práctica, podrían hacer inviable este tipo de acuerdos.

La ACHPM sostiene que la eliminación progresiva de los modelos de gestión privada en la sanidad pública tendría consecuencias directas sobre la asistencia sanitaria. Entre ellas, alertan del aumento de las listas de espera, una mayor presión sobre el sistema público, el incremento de los costes estructurales y mayores dificultades para invertir en tecnología e innovación. También advierten del posible impacto sobre miles de puestos de trabajo vinculados al sector sanitario.

La organización subraya además el peso del sector privado tanto en Madrid como en el conjunto del país. En la Comunidad de Madrid, la sanidad privada cuenta con unos 70.000 profesionales sanitarios, 49 hospitales con 6.800 camas y cerca de 250 quirófanos. Según los datos del sector, en estos centros se realizan el 39 % de las intervenciones quirúrgicas, se producen el 33 % de los ingresos hospitalarios y se atiende el 28 % de las urgencias. Además, concentran el 51 % de las resonancias magnéticas y el 42 % de los mamógrafos instalados en la región.

A nivel nacional, más de 12,6 millones de personas cuentan con seguro sanitario privado y el sector representa alrededor del 26% del gasto sanitario total. La Asociación recuerda que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que en 2023 más del 34% de las estancias hospitalarias en centros privados no integrados en el SNS fueron financiadas con fondos públicos, lo que, según defienden, demuestra la interdependencia estructural entre ambos sectores.

Entre las alegaciones presentadas también se incluyen dudas sobre la adecuación constitucional del anteproyecto. La ACHPM considera que la norma podría invadir competencias autonómicas en materia de organización sanitaria, ya que el sistema sanitario español está descentralizado y corresponde a las comunidades autónomas definir sus modelos de gestión. Imponer un modelo único, señalan, podría afectar a territorios donde la colaboración público-privada tiene un peso significativo, como Madrid o Cataluña.

Desde la Asociación sostienen que la reforma responde más a un planteamiento ideológico que técnico y que desvía la atención de los principales retos del sistema sanitario. Entre ellos citan el crecimiento de las listas de espera –con más de 830.000 pacientes pendientes de cirugía en España–, el déficit estructural de financiación, la falta de profesionales, el envejecimiento de la población o la necesidad de avanzar en la transformación digital del sistema.

Como alternativa, la ACHPM propone reforzar los mecanismos de auditoría, evaluación y transparencia tanto en centros públicos como privados para garantizar un uso más eficiente de los recursos sanitarios. Además, reclama abrir un proceso de diálogo con profesionales, pacientes y representantes del sector antes de continuar con la tramitación de la ley.

La organización insiste en que el mantenimiento de un modelo sanitario mixto es, a su juicio, clave para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad asistencial del sistema sanitario español.