Fuerte rechazo a la moción del PSOE: el PP y Vox denuncian un ataque a la vida y a la libertad de los sanitarios

El pasado 11 de marzo, el Grupo Parlamentario Socialista, con la intención de llevar a lo más alto la cultura de la muerte, registró en el Senado una moción para garantizar la implantación efectiva del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con el aborto y obligar así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a asegurar el acceso real de las mujeres a esta prestación sanitaria pública.

José Manuel Franco, autor de la iniciativa y portavoz socialista por Madrid, ha afirmado en el pleno que el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva es «un derecho humano reconocido por Naciones Unidas».

En este sentido, Franco ha recordado que, al repasar la historia reciente de España, los avances en materia de aborto han estado «vinculados a gobiernos socialistas». Señala como primer «hito» la ley de 1985, aprobada bajo el mandato de Felipe González, que despenalizó el aborto en tres supuestos: violación, grave riesgo para la salud de la madre y malformaciones del feto. Hasta entonces, abortar era considerado un delito en España.

El siguiente paso, según su relato, se produjo en 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se implantó la ley de plazos, permitiendo el aborto en condiciones de mayor «libertad, seguridad y dignidad». Algo que ha celebrado. También ha criticado la oposición del Partido Popular a esta norma, así como su recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyo fallo no llegó hasta 2023.

Asimismo, el autor de la iniciativa ha hecho referencia al intento de reforma en 2014 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Aquella iniciativa fue retirada tras una fuerte movilización social, simbolizada en el denominado «tren de la libertad», impulsado por colectivos feministas como Les Comadres, ha celebrado Franco mientras ha sostenido que esta presión social fue determinante para la dimisión del ministro.

Por último, ha destacado en su intervención que con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han introducido «mayores garantías para las mujeres». Esta nueva norma, que permitía a las menores de 16 años abortar sin consentimiento paterno generó una gran polémica. Uno de los puntos fue la creación de un registro de médicos objetores de conciencia.

Aunque el objetivo declarado por el PSOE es mejorar la planificación del servicio en la sanidad pública, esta medida ha generado un notable rechazo en parte del colectivo médico. De hecho, muchos facultativos consideran que dicho registro puede suponer «una forma de presión o estigmatización» hacia quienes ejercen su derecho a la objeción de conciencia.

En este contexto, Franco ha concluido criticando a la Comunidad de Madrid, ya que ha sido «la única que se ha opuesto a la creación de este registro». Franco ha atribuido esta decisión a una «oposición sistemática del Gobierno regional a las iniciativas del Ejecutivo central».

El «no» del PP y Vox

Por su parte, la senadora de Vox, Paloma Gómez Enríquez, ha afirmado que el PSOE no acude a esta Cámara con el objetivo de proteger la libertad, sino de reforzar la actual legislación sobre el aborto y convertir la objeción de conciencia en un instrumento político y burocrático.

En este sentido, ha criticado la intención de impulsar la implantación obligatoria, en todas las comunidades autónomas, del registro de objetores de conciencia previsto en la legislación vigente. A su juicio, el problema no es solo el contenido de la ley, sino su desarrollo. Y es que, ha resumido, desde el Gobierno «no se conforman con imponer una mala ley», sino que ahora quieren «señalar, ordenar y condicionar a quienes, por convicciones morales y profesionales, se niegan a practicar abortos».

Desde Vox defienden que la objeción de conciencia no puede depender del poder político ni estar sometida a control administrativo. Asimismo, consideran, ha comunicado Gómez Enríquez que convertir este derecho en un registro oficial supone, en la práctica, «limitarlo y someterlo a vigilancia». Por ello, proponen una legislación específica que garantice plenamente la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, protegiendo a médicos, enfermeros y auxiliares, y permitiendo que puedan negarse a participar en cualquier procedimiento relacionado con el aborto o la eutanasia sin necesidad de inscribirse en un registro previo.

Asimismo, la senadora ha enmarcado el debate en una cuestión de fondo ideológico. Según ha señalado, el PSOE se sitúa del lado de lo que denomina una «cultura de la muerte», al promover políticas que, en su opinión, atacan la vida, debilitan a la familia y desprotegen la maternidad. Frente a ello, Vox ha querido reveindicar la defensa de la vida «desde la concepción hasta la muerte natural», así como el apoyo a la mujer embarazada y la protección de los profesionales sanitarios que rechazan participar en prácticas abortivas.

Por último, el senador por el PP, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que el PSOE ha traído una moción que «bajo la apariencia de ser técnica» vuelve a introducir un debate ideológico como es el de las listas negras de médicos objetores. Así, el exconsejero de Sanidad de Madrid ha recordado que la objeción de conciencia «no es un privilegio, sino un derecho fundamental», y protege la libertad de todos los ciudadanos, y también de los propios profesionales de la salud. Es este sentido, ha mpostrado su preocupación por el intenso del partido socialista de convertir la objeción de conciencia en «un trámite burocrático sometido al registro», ya que «no se registra y se respeta».

A su juicio, se trata de un derecho personal que puede ejercerse en cualquier momento. Además, ha cuestionado su utilidad, ya que pretenden que un profesional sanitario se inscriba en una lista que «ni mejora la atención sanitaria, ni aporta garantías asistenciales ni resuelve ningún problema clínico». Lo que sí que hace, ha aseverado Escudero, es señalar a los médicos, enfermeros y farmacéuticos que se desviven por los pacientes día a día.

En respuesta a las críticas de José Manuel Franco por ser la única comunidad que no ha puesto en marcha el registro, el senador del PP ha garantizado que muchos territorios lo han puesto en funcionamiento por un imperativo legal, porque la ley estatal lo exige. Y, por esto, ha explicado, la Comunidad de Madrid ha dicho «no». Lo que no va a conseguir ningún registro es obligar a un profesional sanitario a practicar un acto médico si su conciencia se lo impide.

Por último, ha señalado que el recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad contra la Comunidad de Madrid es «un ejemplo más de la fijación que tiene la ministra del odio» contra Madrid y, sobre todo, contra su presidente.