Mónica García, la ministra sin competencias que usó el Consejo de Ministros para su promoción contra Ayuso

El nombre de la médico madrileña Mónica García resuena cada vez más. No precisamente por su gran labor en el sector sanitario, donde en menos de tres años ha conseguido, por primera vez en la historia, que tanto los médicos especialistas como los MIR pidan al unísono su «dimisión». Desde que la también líder de Más Madrid llegó al sillón ministerial, su objetivo ha sido claro: cargar contra Isabel Díaz Ayuso con la vista puesta en su candidatura para las elecciones autonómicas de 2027.

Hija de dos psiquiatras, García comenzó sus estudios en el colegio Yale de Madrid situado en la zona exclusiva de El Viso. Al terminar sus estudios obligatorios de Primaria se matriculó en el Instituto de Enseñanza Secundaria Beatriz Galindo, en la calle Goya. Años más tarde, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y finalizó su formación como Médica Interna Residente (MIR) en Anestesiología en el Hospital 12 de Octubre, en 2004.

Su fijación por la Comunidad de Madrid no es nueva. Seis años después, en 2012, la ya doctora especializada comenzó –siguiendo los pasos de su padre, Sergio García Reyes, diputado por el Partido Comunista de España– su andadura en la política. Ese año, con Esperanza Aguirre primero e Ignacio González después al frente del territorio, la anestesista comenzó a destacar por su labor sindicalista y activismo sanitario en Madrid. Fue presidenta de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y también una de las voces principales de la «Marea Blanca» madrileña, movimiento que defendía, entre otras cosas, la sanidad pública.

La ministra de Sanidad, nacida el 16 de enero de 1974, por lo que tiene 52 años, fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid en 2015 como parte de la lista de Podemos. Desde ese momento, su ataque a la Comunidad de Madrid y al Partido Popular fue aumentado de manera progresiva. Tanto que, en 2017, cuando presidió el grupo parlamentario, denunció ante la Fiscalía de Corrupción el «despilfarro sanitario» que la expresidenta Aguirre, a su juicio había cometido. Tras esto, su visibilidad política se disparó.

En 2019 decidió dar un paso más en su carrera política y se incorporó a Más Madrid junto a Íñigo Errejón. Durante la legislatura 2019-2021, tuvo un papel relevante en la oposición al Gobierno regional de Ayuso. Su campaña contra la actual presidenta cogía más fuerza. Tras la convocatoria anticipada de elecciones ese mismo año, se puso al frente del partido, convirtiéndose en líder de la oposición.

En 2023, con los nuevos comicios, volvió a ser cabeza de lista y Más Madrid se convirtió en el partido de la izquierda más consolidado en el territorio autonómico. Sin embargo, Ayuso la volvió a adelantar. Ese mismo año, dejó su escaño para sumarse al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde que recogió la cartera de Sanidad siempre ha estado más pendiente de su oponente que de sus competencias.

Durante sus dos años y medio de trabajo en el ministerio, los ataques no han cesado. En solo cuatro meses –seguramente ya tenía presente su candidatura para las elecciones de 2027–, el Ministerio de Sanidad no ha parado de criticar y denunciar cada movimiento de la Comunidad dirigida por el PP. García empezó con el aborto y ha terminado, por el momento, con una ofensiva clara a la gestión privada. Todo ello para ocultar los numerosos escándalos en los que está metido el jefe del Ejecutivo, su familia y sus colegas.

El aborto, su mayor baza

El ensañamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid empezó el 30 de septiembre. Justo después de presentar los polémicos datos del aborto, Mónica García –a quien le parecieron pocas muertes– se unió con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y lanzó 'quieroabortar.org', una web creada para dar «información, orientación y acompañamiento» a las mujeres que quieran abortar.

Ese mismo día, el Pleno del Senado dio luz verde a una propuesta de Vox que permitía que el Ayuntamiento informase a todas las mujeres de las secuelas y los peligros del síndrome posaborto, situación que no sentó bien a la médico García, que, junto al resto del Ejecutivo, se negó a reconocerlo. De hecho, acusó a Ayuso de difundir un «bulo sin aval científico» y generar miedo a las mujeres. Días más tarde, ginecólogos y expertos aseguraron que esta secuela sí existía.

Tras esto, el Gobierno anunció que iba a intentar blindar el derecho al aborto en la Constitución para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». Además, ordenó la creación inmediata de la 'lista negra' de médicos objetores.

Mónica García no podía dejar pasar su momento y, después del anuncio de Sánchez, la anestesista mandó un aviso a Isabel Díaz Ayuso. En él notificó que, si hasta el 16 de noviembre la Comunidad no poseía un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, irían a tribunales. Cumplió su palabra, pero aún no hay noticias.

Lucha contra la privada pero sin mirar a Cataluña

A finales de año, un nuevo escándalo hizo sacudir a la Comunidad de Madrid. El Hospital de Torrejón de Ardoz, Ribera Salud y Quirón fueron noticia. Su gestión bajo el modelo público-privado y los audios que salieron de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera, que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa, hicieron que Mónica García volviese a cargar contra el PP, ya que el modelo lo había ideado el partido mencionado.

La ministra denunció que, siguiendo el modelo Alzira del PP, se entregó al grupo Quirón más de 5.000 millones y al grupo Ribera más de 30 millones. Por ello, aseguró que esta desviación de pacientes contaba con la connivencia de la Consejería de Sanidad de Madrid y de la presidenta Ayuso, dado que su partido es «el que gestiona ese traspaso de pacientes y de dinero». Se le olvidó mirar a la comunidad de Salvador Illa que, según pudo saber este medio, aplicaba sistemas de gestión similares.

Debido a esto, el pasado 10 de febrero en el Consejo de Ministros, García apuntó que se había dado luz verde al anteproyecto de ley por la Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una nueva normativa que pretende imponer un modelo único de gestión sanitaria, priorizando la gestión pública y, por lo tanto, dejando de lado la participación de empresas privadas.

Ahora, envuelta en una profunda crisis sanitaria, donde la «médico y madre» ha decidido desoír a los médicos que reclaman un borrador del Estatuto Marco digno, y los MIR una mejora de condiciones, García ha anunciado que quiere ser «la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid» y, por supuesto, quiere «que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas». Para ello, deberá dejar el Ministerio y su cargo, el que le ha servido para promocionarse y hacer su propia política, muy alejada de lo que los ciudadanos y facultativos esperaban.