Más de 15.800 cambios de sexo registral tras la ley trans reabren el debate sobre sus controles

Un total de 15.818 personas han modificado la mención de su sexo en el Registro Civil desde la aprobación, en febrero de 2023, de la conocida como Ley Trans, impulsada por la exministra de Igualdad, la podemita Ireme Montero. Una cifra que ha reavivado el debate sobre el alcance y las implicaciones de esta normativa. Para sus detractores, estos datos reflejan la facilidad con la que se puede realizar un cambio registral sin requisitos médicos o evaluaciones previas, lo que consideran un punto controvertido de la ley.

Según una respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas formuladas por Vox, el procedimiento se ha aplicado de forma significativa desde su entrada en vigor. Sin embargo, la falta de información detallada sobre el perfil de las personas que han realizado este cambio ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores políticos.

En particular, Vox ha solicitado conocer cuántas de estas inscripciones corresponden a personas con antecedentes penales o policiales relacionados con delitos sexuales, dado que se han producido varios casos mediáticos en los que reclusos han cambiado su sexo solamente para ingresar en módulos de mujeres, por ejemplo. El Gobierno no ha proporcionado estos datos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el control en la aplicación de la norma.

Asimismo, se ha planteado si durante el proceso se verifican antecedentes penales o policiales. A este respecto, el Ejecutivo se remite al procedimiento establecido en la propia ley, que, según recoge su articulado, se basa en la declaración de la persona interesada mediante dos comparecencias ante el encargado del Registro Civil, en las que manifiesta su disconformidad con el sexo registrado.

Para los críticos, este sistema, centrado en la autodeterminación de género, carece de mecanismos suficientes de verificación, lo que podría abrir la puerta a usos indebidos. Mientras tanto, los defensores de la ley sostienen que simplificar el proceso es clave para garantizar los derechos y la dignidad de las personas trans, evidenciando así la profunda división política y social en torno a esta cuestión.