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La ministra de Sanidad, Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica GarcíaEuropa Press

Sanidad evade su responsabilidad y dice que las comunidades tienen la llave para desatascar el conflicto sanitario

Mónica García defiende que el ministerio ya ha cumplido con la parte que le corresponde dentro de sus competencias estatales

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sostenido este viernes que la capacidad para desbloquear el conflicto abierto en torno al estatuto marco de los profesionales sanitarios recae ahora en las comunidades autónomas, al considerar que son las administraciones responsables de aplicar las mejoras laborales que reclama el sector.

Durante una rueda de prensa convocada para presentar los resultados de la campaña del Plan Veo, la titular de Sanidad defendió que el ministerio ya ha cumplido con la parte que le corresponde dentro de sus competencias estatales al impulsar una reforma laboral que, según recordó, llevaba pendiente más de dos décadas. En este sentido, señaló que corresponde ahora a las autonomías dar el siguiente paso y convertir esas medidas en una realidad efectiva para los profesionales.

Las declaraciones llegan después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado miércoles, una reunión monográfica centrada en el estatuto marco y en las demandas planteadas por los médicos. El encuentro concluyó sin acuerdo entre el departamento que dirige García y los gobiernos autonómicos, que rechazaron someter a votación los distintos puntos incluidos en el orden del día. Entre ellos figuraban cuestiones relacionadas con la remuneración de las guardias médicas o la implantación de jornadas laborales de 35 horas.

La ministra insistió en que la puesta en práctica de estas iniciativas derivadas de la futura reforma corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas. Por ello, defendió que el avance de las negociaciones depende ahora de la voluntad de los ejecutivos regionales.

«La llave para desatascar el conflicto ahora, en este momento, la tienen las comunidades autónomas», afirmó García al ser preguntada por los posibles movimientos del Ministerio de Sanidad para poner fin a la huelga de los profesionales sanitarios. El colectivo está llamado a una nueva jornada de paro el próximo lunes, en lo que supondría ya la quinta semana consecutiva de movilizaciones.

A juicio de la ministra, las propuestas incluidas en la reforma implican cambios de gran alcance en el funcionamiento del sistema sanitario. Según explicó, se trata de medidas que «transforman profundamente» la organización asistencial y que obligan a las administraciones autonómicas a adaptar su estructura a «unos nuevos límites».

En esa misma línea, estableció una comparación con la reforma laboral general aplicada en otros ámbitos de actividad. «Igual que la reforma laboral la tenían que materializar las empresas, esta reforma laboral sanitaria la tienen que materializar las comunidades autónomas», señaló.

García también apeló a la colaboración entre todas las administraciones implicadas y pidió evitar el intercambio de reproches para centrarse en la búsqueda de soluciones. Según expuso, el objetivo debe ser afrontar conjuntamente los retos que tiene por delante el sistema sanitario y avanzar hacia unas condiciones laborales más homogéneas para los profesionales.

Asimismo, volvió a defender que la función del ministerio consiste en garantizar una armonización de las condiciones de trabajo en todo el territorio nacional. En concreto, explicó que se pretende asegurar que los sanitarios dispongan de los mismos derechos laborales, de idénticos periodos de descanso y de unas condiciones equivalentes para desarrollar adecuadamente su labor profesional con independencia de la comunidad autónoma en la que ejerzan.

La ministra recordó además que esas propuestas fueron precisamente las que las comunidades autónomas rechazaron votar durante el Consejo Interterritorial celebrado esta semana, pese a que habían solicitado la convocatoria de la reunión para abordar de manera específica las medidas vinculadas al conflicto. De este modo, el desacuerdo institucional mantiene abierto un enfrentamiento que continúa trasladándose a las calles y a los centros sanitarios, mientras el calendario de movilizaciones sigue avanzando sin que, por el momento, se vislumbre una solución consensuada entre las partes.

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