El Gobierno reactiva la ley contra la violencia vicaria con más de 1.500 menores en riesgo en VioGén

El Consejo de Ministros dará este martes 14 de julio el visto bueno, en segunda vuelta, al proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria, culminando así meses de negociación entre los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia.

La norma inició su recorrido en septiembre del pasado año, cuando el Ejecutivo aprobó el anteproyecto en primera vuelta. Tras recibir los informes preceptivos de los órganos consultivos, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el texto regresa ahora al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En su redacción inicial, la ley perseguía varios objetivos: ofrecer una definición jurídica de la violencia vicaria, tipificarla como delito, impulsar medidas de prevención y reparación de las víctimas y desarrollar algunas de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Asimismo, incorporaba al Código Penal una nueva pena para impedir la publicación o difusión de mensajes, imágenes o cualquier otro contenido relacionado directamente con el delito cometido.

La llegada del texto a segunda vuelta se produce después del bloqueo registrado en febrero, cuando el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, decidió desmarcarse de la iniciativa y paralizó su tramitación.

El departamento de Rego consideró entonces «inaceptable» la redacción del anteproyecto y alertó de los «riesgos» advertidos por parte del movimiento feminista, especialmente en cuestiones relacionadas con la tipificación del delito, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de los menores a ser escuchados.

Desde entonces, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que se trata de «una ley compleja» y ha subrayado que las cuestiones que no hayan podido incorporarse al texto inicial podrán abordarse mediante enmiendas durante el trámite parlamentario.

Las discrepancias en el seno del Gobierno se produjeron después de que varias organizaciones integradas en la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional advirtieran al Ejecutivo de que el anteproyecto configuraba un delito «neutro», sin diferenciar entre hombres y mujeres.

Reclamaciones de las organizaciones

«Las reformas en curso no pueden limitarse a retoques superficiales, o peor aún, a crear figuras nuevas –como un delito «neutro» de violencia vicaria– en clara contradicción no solo con el propio concepto de violencia vicaria, sino también con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de esta naturaleza», señalaron en una carta abierta.

Las organizaciones también denunciaron que, pese a que la legislación reconoce desde hace años a los hijos como víctimas de la violencia de género, «en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto interés superior del menor». «¿Desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña?», se preguntaban.

Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad el pasado mes de mayo su informe sobre el anteproyecto, aunque incorporó varias recomendaciones. Entre ellas, propuso que los jueces puedan revisar la retirada automática de la patria potestad en los casos de violencia de género.

«Aunque la medida persigue un interés legítimo de protección de las personas menores de edad y puede considerarse adecuada y necesaria, para garantizar su proporcionalidad y evitar su carácter cerrado debe contemplarse la posibilidad de revisar la privación de la patria potestad cuando así lo justifique el interés superior del menor», señala el informe.

La violencia vicaria –ejercida contra los hijos con el objetivo de infligir el mayor daño posible a la madre– ha dejado 68 menores asesinados desde 2013, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En lo que va de 2026 se han registrado tres casos.

Tres asesinatos en 2026

Los años con un mayor número de asesinatos por violencia vicaria fueron 2015 y 2024, con nueve menores asesinados en cada ejercicio. Les siguen 2017, con ocho; 2018 y 2021, con siete; 2013, con seis; 2014 y 2020, con cuatro; 2019, 2025 y 2026, con tres; 2022 y 2023, con dos; y 2016, con un caso.

En paralelo, el Ministerio del Interior tiene contabilizados, a fecha de 30 de junio, 103.746 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén, de los cuales 53.495 corresponden a mujeres con menores a cargo.

De estos últimos, 1.583 menores se encuentran en riesgo de sufrir agresiones por parte del maltratador de su madre. Actualmente, tres de esos casos están catalogados como de riesgo extremo, 145 como de riesgo alto y 1.435 como de riesgo medio.