La nueva ley antitabaco de Mónica García nace entre críticas: «Es desproporcionada y sin estudio económico serio»

La nueva ley del tabaco en España, que prohíbe fumar en terrazas y playas, endurece el consumo en vehículos profesionales y limita de forma severa productos como los vapeadores y las bolsas de nicotina, se ha aprobado en medio de críticas de casi todos los sectores implicados. Lo que el Ministerio de Sanidad presenta como un avance decisivo en salud pública, buena parte del tejido económico lo ve como un texto desproporcionado, sin memoria económica sólida y con riesgos de alimentar el mercado negro y chocar con la normativa europea.

La prohibición total de fumar en las terrazas de bares y restaurantes es el sentimiento de malestar del sector hostelero. La Confederación Empresarial de Hostelería de España ya había calificado la medida de «desproporcionada», defendiendo que hasta ahora existía una convivencia razonable entre fumadores y no fumadores en exteriores y advirtió de un posible daño sobre el consumo, especialmente en pequeños negocios que dependen de la clientela de terraza.

A esa preocupación se suman las patronales turísticas de zonas como Canarias, que ven el riesgo de enviar un mensaje disuasorio a millones de visitantes británicos, alemanes y franceses, algunos de los cuales han llegado a amenazar con «boicotear» España en medios internacionales y redes sociales para optar por otros destinos mediterráneos con normas menos estrictas. A falta de datos confirmados, la advertencia es que cualquier caída en la llegada de turistas fumadores impactaría directamente en ingresos de hostelería, ocio y empleo.

Transporte profesional

El otro frente se abre en el transporte profesional. La ley prohíbe fumar y vapear en vehículos de uso laboral, incluidos camiones y furgonetas, incluso cuando el conductor circula solo durante largas jornadas. Asociaciones como FENADISMER han criticado la medida por considerarla poco proporcionada y han advertido de que podría tener efectos indeseados sobre la seguridad vial si añade tensión y estrés en trayectos de muchas horas sin una justificación clara de riesgo para terceros.

España se sitúa ahora entre los países con regulación más dura en Europa en este ámbito, sin haber escuchado suficientemente a los profesionales ni haberse apoyado en estudios específicos sobre la relación entre consumo de tabaco en cabina y siniestralidad.

Miedo a un mercado negro masivo

Una de las críticas más contundentes llega desde el sector del vapeo, agrupado en organizaciones como la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV). Para esta patronal, la combinación de prohibición de sabores, límites muy bajos de nicotina en las bolsas (0,99 mg por unidad, por debajo de la mayoría de países europeos) y fuertes restricciones de venta empuja a los consumidores hacia canales ilegales.

UPEV advierte que, al copiar modelos de países como Holanda, México o India, donde el comercio ilícito de vapeadores «a manos de mafias y cárteles se ha disparado», España corre el riesgo de convertirse en «el mayor mercado negro de Europa para los productos del vapeo». Según sus portavoces, el texto ignora las recomendaciones de la CNMC y no distingue entre productos regulados y dispositivos adulterados o falsos, a pesar de que los estudios han mostrado que hasta el 48 % del mercado europeo de vapers es irregular y que cerca del 90 % procede de China.

Falta de evidencia

Las críticas no proceden solo de sectores afectados. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe contundente contra el proyecto de decreto que desarrolla la ley donde destaca la falta de justificación científica y el impacto negativo en la competencia. Entre las principales objeciones, la CNMC señala que la prohibición de sabores distintos al tabaco en cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina carece de respaldo empírico suficiente y que no se han explorado alternativas menos restrictivas.

La Comisión Europea ha trasladado observaciones críticas al texto alertando de que algunas medidas podrían dificultar la libre circulación de mercancías

El organismo también cuestiona la equiparación normativa de productos muy distintos como son cigarrillos combustibles y dispositivos electrónicos de vapeo, al extender el régimen de publicidad y patrocinio del tabaco a estos últimos sin una evaluación de riesgo relativo. La Comisión Europea, por su parte, ha trasladado observaciones críticas al texto alertando de que algunas medidas podrían dificultar la libre circulación de mercancías en el mercado interior y expandir el ámbito regulatorio más allá de lo previsto en las directivas comunitarias.

Seis países de la UE han presentado objeciones formales ante Bruselas, por considerar que las restricciones españolas afectan a la unidad del mercado y se alejan de la armonización europea, lo que abre la puerta a posibles recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión si el Gobierno no corrige el texto.

Memoria económica

Incluso organismos consultivos que apoyan el objetivo sanitario de la ley han marcado distancia con la forma. El Consejo Económico y Social (CES) ha respaldado la creación de un Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, pero en su dictamen critica con dureza la Memoria de Análisis de Impacto Normativo elaborada por el Ejecutivo, al considerar que carece de un estudio económico riguroso y cuantificado.

El CES recuerda que la norma transformará las condiciones de mercado de sectores como la hostelería, la organización de eventos y el propio cultivo de tabaco (clave para fijar población en zonas rurales de Extremadura y Canarias) y reclama plazos más amplios y periodos transitorios suficientes. También advierte de que la coincidencia temporal con la revisión de las directivas europeas sobre el tabaco puede generar conflictos si España introduce cambios abruptos que luego no encajan con la futura regulación comunitaria.