Instagram, WhatsApp y Facebook
Australia plantea fuertes multas para las redes sociales por desproteger a los jóvenes
El país se convirtió el año pasado en el primero en aprobar una prohibición destinada a impedir que los menores de 16 años accedieran a las redes sociales
Australia prepara un nuevo marco legal para aumentar las responsabilidades de las grandes compañías de redes sociales en la protección de los usuarios más jóvenes. El Gobierno anunció este martes varios proyectos de ley que contemplan multas de hasta 78 millones de dólares para aquellas empresas tecnológicas que no adopten las medidas necesarias para impedir que los menores queden expuestos a determinados contenidos considerados dañinos.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, fue el encargado de presentar las iniciativas legislativas. Las nuevas normas establecerán un «deber de cuidado» para las compañías responsables de plataformas de gran popularidad como Facebook, TikTok e Instagram, de manera que tendrán que asumir una mayor responsabilidad sobre los contenidos a los que pueden acceder los usuarios menores de edad.
En concreto, las empresas deberán proteger a los menores de 18 años frente a contenidos relacionados con la pornografía, el «ciberbullying», la glorificación de actividades criminales o aquellos materiales que puedan fomentar los desórdenes alimentarios. El planteamiento del Ejecutivo australiano busca, de este modo, trasladar una parte de la responsabilidad directamente a las compañías que gestionan estas plataformas digitales.
Albanese defendió la intervención del Gobierno y vinculó las nuevas medidas con la preocupación existente entre los ciudadanos por las consecuencias que puede tener el funcionamiento de las redes sociales, especialmente entre los más jóvenes. «Tomamos acciones porque la comunidad dijo 'ya basta'», declaró el primer ministro ante los periodistas al explicar los motivos que han llevado a su Ejecutivo a impulsar este nuevo paquete legislativo.
La iniciativa llega en un momento en el que las principales redes sociales están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por la forma en que utilizan sus algoritmos. Estas herramientas son cuestionadas por su carácter supuestamente adictivo y reciben críticas porque se les atribuye la capacidad de conducir progresivamente a los usuarios hacia contenidos más extremos con el objetivo de mantener su atención y conseguir que permanezcan durante más tiempo dentro de las plataformas.
Australia ya había adoptado anteriormente medidas para limitar el acceso de los menores a estas herramientas digitales. El país se convirtió el año pasado en el primero en aprobar una prohibición destinada a impedir que los menores de 16 años accedieran a las redes sociales.
Sin embargo, los datos conocidos posteriormente pusieron de manifiesto las dificultades para conseguir que este tipo de restricciones se traduzcan directamente en una reducción de su utilización. Las cifras divulgadas en agosto mostraron que los australianos menores de 16 años habían incrementado el uso de aplicaciones como TikTok e Instagram a pesar de la existencia del veto.
Ante esta situación, el Gobierno pretende reforzar las obligaciones de las propias compañías. Según explicó Albanese, aquellas empresas que no cumplan con el «deber de cuidado» establecido en la futura normativa podrán recibir sanciones económicas de hasta 109 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 78 millones de dólares estadounidenses.
Los proyectos legislativos no se limitan a establecer obligaciones vinculadas a la protección frente a determinados contenidos. También incluyen una disposición dirigida al modo en que funcionan los algoritmos de las plataformas. Según lo anunciado, las compañías tendrán que ofrecer a los usuarios la posibilidad de prescindir de esos sistemas que determinan qué contenidos aparecen en sus redes.
De este modo, el Ejecutivo australiano pretende que las personas puedan disponer de una alternativa al funcionamiento automatizado que selecciona y ordena los contenidos que reciben cuando utilizan estas plataformas. Esta exigencia se suma a las medidas específicamente planteadas para proteger a los menores de edad.
La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, también defendió la necesidad de intervenir sobre un fenómeno que, según señaló, ha adquirido una presencia creciente en la vida cotidiana. Wells afirmó que las «plataformas y herramientas (de las empresas tecnológicas) han infiltrado nuestra vida diaria de formas que nunca imaginamos».
El proceso legislativo todavía deberá recorrer varias etapas antes de que las nuevas obligaciones puedan entrar en vigor. El Gobierno australiano tiene previsto presentar los proyectos de ley al Parlamento más adelante este mismo año.
Antes de ese paso, las autoridades realizarán consultas tanto con las empresas tecnológicas afectadas por las medidas como con representantes de la sociedad civil. Será después de ese proceso cuando las iniciativas lleguen al Parlamento para continuar su tramitación, con el objetivo de establecer nuevas responsabilidades para las plataformas digitales en materia de protección de los usuarios más jóvenes.