El Congreso da luz verde a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

Tras varios años en un cajón, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se ha aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados después del veto del Gobierno a las enmiendas incorporadas por el PP en el Senado junto a Junts y otros grupos por suponer un incremento presupuestario.

La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

Durante el debate, la mayoría de los grupos han criticado el veto del Gobierno a enmiendas que fueron negociadas y aprobadas en el Senado, como la de ampliar sin límite de edad la prestación CUME que reciben los padres con hijos con cáncer o enfermedad graves actualmente hasta los 26 años.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la reforma supone una «refundación del modelo de cuidados en España» y ha recordado que gracias al real decreto de financiación convalidado en el Parlamento en julio las comunidades han recibido más de 517 millones de euros adicionales solo en dos meses, que serán un total de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

«Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad», ha aseverado.

Una vez aprobada la nueva Ley de Dependencia, lo más urgente es garantizar «que el incremento de financiación llegue efectivamente a los servicios profesionales», asegura Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE).

Al hilo, el presidente de la ASADE revela que este dinero puede servir para aumentar «el número de destinatarios de los servicios, reducir listas de esperar y mejorar las intensidades de los usuarios que ya reciben atención». Sin embargo, afirma que también debe mejorar las condiciones sociolaborales de los profesiones y para ello es imprescindible actualizar «los contratos y precios de la ayuda a domicilio», adaptándolos a los costes reales de prestación y permitiendo seguir mejorando la atención a las personas dependientes y las condiciones de los profesionales.

A medio plazo, revela Ignacio Gamboa que el gran desafío seguirá siendo «la falta de profesionales». En este sentido, el experto apunta que el sistema solo será sostenible si somos capaces de «atraer e incorporar a miles de nuevos trabajadores» mediante «mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento social y una agilización de los procesos de cualificación y acreditación profesional». Y es que, recuerda, sin profesionales suficientes, cualquier reforma tendrá «un alcance limitado» y puede derivar en «frustración ante la incapacidad de alcanzar las expectativas que se generan».

Qué esperan de la reforma en Dependencia

Por otro lado, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), reconoce que la aprobación de la reforma es «un paso importante», pero destaca que todo se tiene que traducir en «mejoras reales».

Según expone, lo primero que tiene que ocurrir es que «la financiación anunciada se materialice y llegue efectivamente al sistema y a los servicios». Además, reconoce que se debe ir más allá para dotar a la Dependencia de «un modelo de financiación estable, suficiente y previsible».

Asimismo, Fernández Cid asevera que un derecho universal no puede estar condicionado cada año por «la disponibilidad presupuestaria y el incremento de la aportación estatal debe ser adicional, sin que las comunidades autónomas reduzcan su esfuerzo».

En cuanto a la falta de personal, el presidente de FED pide que se solvente con «una estrategia nacional que contemple formación, reconocimiento» de las profesiones vinculadas a los cuidados, absentismo, nuevos perfiles, inmigración ordenada y cualificada y capacidad para atraer y retener trabajadores: «Hay que seguir mejorando sus condiciones laborales y retributivas, pero esas mejoras tienen que estar financiadas, actualizando las tarifas de las plazas concertadas y los contratos públicos conforme aumenten los costes reales», destaca.

También debemos encontrar soluciones para las plazas privadas que eviten trasladar esos incrementos directamente a las familias. A partir de ahí, manifiesta Fernández-Cid, España debe «abordar la sostenibilidad de la Dependencia» a largo plazo ante el envejecimiento de la población y estudiar «nuevas fórmulas de financiación y colaboración público-privada que refuercen el sistema manteniendo el carácter universal del derecho».

Por último, pide que se actúe sobre las listas de espera y los tiempos de tramitación, ya que «no se puede normalizar» que una persona espere de media 314 días para que se resuelva su expediente: «Es imprescindible agilizar los procedimientos y garantizar, además, derechos equivalentes con independencia de la comunidad autónoma en la que viva cada persona», concluye.