La ministra de Sanidad, el miércoles en la Moncloa
Mónica García no financia dos nuevos fármacos contra el alzhéimer pese a estar aprobados en la UE
Indicados para personas con la enfermedad en fase inicial, en los ensayos clínicos demostraron ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27 % y un 29 %
Más de 57 millones de personas viven actualmente con demencia en todo el mundo –donde el alzhéimer representa entre el 60 % y el 70 % de todos los casos– y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. Una cifra que, lejos de estabilizarse, seguirá aumentando en las próximas décadas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de personas con demencia alcanzará los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población mundial.
Este próximo lunes, 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, una fecha instituida por la OMS y auspiciada por Alzheimer’s Disease International (ADI) para concienciar sobre una enfermedad que constituye la principal causa de demencia y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.
Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), solo en España, más de 800.000 personas padecen enfermedad de Alzheimer y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, de los que más del 65 % corresponden a mujeres. Además, el alzhéimer y otras demencias en su conjunto causaron más de 36.000 muertes en España en 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra superior a la registrada por cualquier otra causa específica de muerte.
Pero además, la demencia supone una enorme carga económica y social a escala mundial. Su coste anual se estima en 1,3 billones de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales corresponde a los cuidados no remunerados que prestan familiares y allegados de las personas con demencia. Esta carga recae especialmente sobre las mujeres, que realizan aproximadamente el 70 % de las horas de cuidados de personas con demencia a escala mundial.
En España, la situación no es diferente: la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos 35.000 millones de euros el coste anual del Alzheimer. Por su parte, un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona la media del coste económico asociado a la enfermedad, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases avanzadas. Las familias asumen el 86 % de este coste, frente a un 8 % correspondiente al gasto sanitario. Además, en ocho de cada diez casos el cuidado de la persona con Alzheimer recae en un familiar, principalmente mujeres, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.
Unos medicamentos que España no financia
Según las estimaciones disponibles, alrededor de un 4 % de las personas con Alzheimer en España podría beneficiarse de dos nuevos fármacos aprobados por la Unión Europea. El pasado 15 de julio, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), sin embargo, resolvió no incluir en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) estos dos nuevos fármacos indicados para personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial, que en los ensayos clínicos demostraron ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27 % y un 29 %, respectivamente a 18 meses.
Ambos tratamientos cuentan ya con la autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y han comenzado a utilizarse en determinados países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China. La decisión de la CIPM limita, por el momento, su acceso en España a la prescripción en el ámbito privado.
Se trata de terapias que aliviarían la vida de miles de familias. Por ello, la doctora Raquel Sánchez del Valle, revela que desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) solicitan a las autoridades sanitarias que «reconsideren esta resolución», ya que restringir el «acceso a estos fármacos» y solo dárselos a quienes pueden costeárselos forma privada vulnera !el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud".
Por ello, recuerdan al Ministerio de Sanidad que mantienen su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias «en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos». Así, explica que confía en que esta voluntad de colaboración sea «tenida en consideración en las próximas reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos», concluye .