Pacientes y médicos piden a Sanidad reconsiderar el no financiar fármacos frente alzhéimer

Las principales organizaciones de pacientes de alzhéimer y varias sociedades médicas y científicas han pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad que reconsidere la decisión de no financiar los primeros fármacos capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad en determinados pacientes.

Así lo reclaman en un comunicado conjunto la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (Ceafa), junto a entidades como la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Semergen, SEMG, la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y la Fundación CIEN.

Todas ellas han considerado «profundamente decepcionante» la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de no financiar tratamientos capaces de ralentizar la progresión de esta enfermedad en determinados pacientes, que a su juicio generará desigualdades en el acceso a estos tratamientos.

Y recuerdan que estos fármacos ya han sido autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Unos fármacos que, según sostienen, constituyen «un avance veraz y significativo» en una enfermedad para la que hasta ahora solo existían terapias dirigidas a aliviar los síntomas.

Los firmantes dicen que, según han podido leer, algunos de los argumentos para este rechazo se han basado en la evidencia científica, pero advierten de que esta debería analizarse «con rigor y en su conjunto» porque los tratamientos ya han sido autorizados por la EMA y la Aemps tras un proceso de evaluación especialmente exigente sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Reconocen que el beneficio clínico de estos medicamentos es «modesto» y que sus riesgos son conocidos, pero subrayan que no existe otra alternativa terapéutica capaz de modificar el curso de la enfermedad y defienden que, para muchos pacientes, ganar unos meses de autonomía o mantener durante más tiempo su capacidad funcional «puede tener un valor incalculable».

Las organizaciones insisten en que nunca han planteado un uso generalizado de estos fármacos, sino su administración a pacientes que cumplan criterios clínicos estrictos, con protocolos homogéneos, seguimiento especializado e información suficiente para que puedan decidir junto a sus médicos.

Asimismo, advierten de que la decisión de no financiar estos tratamientos puede generar desigualdades, ya que quienes puedan costearlos por la vía privada tendrán acceso a ellos, mientras que el resto de pacientes quedará excluido del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, las entidades piden al Ministerio de Sanidad que reconsidere la decisión y permita el acceso a estos tratamientos «en condiciones de equidad», al considerar que los pacientes y sus familias «llevan demasiado tiempo esperando una oportunidad que, aunque limitada, es real».