Nuevo varapalo de la Justicia a Castilla-La Mancha por la gestión del Parque Nacional de Cabañeros
Este fallo judicial se suma a la creciente preocupación por el estado del parque, cuya gestión ha sido objeto de críticas a nivel nacional e internacional
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo ha estimado la demanda presentada por el propietario de una finca parcialmente ubicada dentro del Parque Nacional de Cabañeros, quien se opuso a la segregación de una parte de su coto de caza en el espacio protegido.
La sentencia ha declarado nula dicha segregación, imponiendo además las costas a la Administración demandada y reconociendo el derecho del propietario a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados.
El conflicto se originó en una resolución dictada el 12 de enero de 2021 por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se acordaba segregar 1.214 hectáreas de la finca en cuestión. El propietario, miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC), rechazó la medida al considerar que la segregación dejaba sin efecto la clasificación de la zona como coto de caza, sin que la Administración cumpliera con los requisitos legales necesarios.
El Juzgado concluyó que la Administración autonómica debió iniciar, de forma previa, un acuerdo voluntario con el propietario y, en caso de no alcanzarse, un procedimiento de expropiación. En lugar de ello, optó por tramitar un expediente de segregación, obviando las garantías jurídicas y patrimoniales propias de la expropiación forzosa. Según Jorge Bernad Danzberger, abogado del demandante, «la Administración intentó reducir significativamente la superficie del coto sin contemplar la obligación de indemnizar, lo que constituye una expropiación encubierta mediante un procedimiento inapropiado».
Este fallo judicial se suma a la creciente preocupación por el estado del Parque Nacional de Cabañeros, cuya gestión ha sido objeto de críticas a nivel nacional e internacional. En noviembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) solicitó a la Comisión Europea investigar posibles incumplimientos de las Directivas Hábitats y Aves en la gestión del parque. Dichas directivas exigen garantizar la conservación de los ecosistemas y especies protegidas. Además, se ha planteado una misión de evaluación in situ para analizar los problemas ambientales en áreas de propiedad privada dentro del parque.
El impacto ambiental en el Parque Nacional de Cabañeros ha sido documentado en el Informe de valoración de daños sobre la vegetación en la finca Cabañeros como consecuencia de la prohibición de la actividad cinegética, elaborado por el ingeniero de Montes Rafael Sánchez Pérez de Villaamil. Entre las conclusiones destacadas se encuentran:
- Un aumento del 250 % en las poblaciones de ungulados en los últimos tres años, con graves efectos sobre el equilibrio ecológico.
- Competencia entre los ungulados y otras especies silvestres, lo que ha desplazado y puesto en peligro a especies vulnerables.
- Daños críticos en 13 especies de flora y afecciones severas en otras 9.
- Pérdida de cobertura vegetal y erosión que han convertido partes del monte en terrenos desnudos y de baja fertilidad.
- Afectación de hábitats como encinares, alcornocales, robledales, fresnedas y brezales, todos clasificados como Hábitats de Interés Comunitario según la Red Natura 2000.
- Daños en árboles jóvenes debido al tronchado de ramas y rotura de ejemplares, dificultando la regeneración a largo plazo.
- Anillado por descortezamiento en ejemplares arbóreos, lo que ha llevado a la muerte de muchos de ellos.
La situación, que amenaza la integridad de los hábitats protegidos que motivaron la declaración de Cabañeros como Parque Nacional, sigue despertando preocupación en diversos ámbitos, incluyendo instituciones europeas.